Valora Analitik publica el documento elaborado por la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda de Colombia que busca modificar el régimen de inversión de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
El objetivo, desde que el presidente lo planteó en un Consejo de Ministros, fue restringir que los fondos privados de pensiones, en donde millones de colombianos tienen sus ahorros individuales, mantengan los niveles actuales de inversiones en los mercados internacionales en opciones diversificadas de proyectos.
El primer artículo del proyecto dice:
«Artículo 1. Adiciónese el artículo 2.6.12.1.27 al Decreto 2555 de 2010, el cual quedará así:
Artículo 2.6.12.1.27. Límite global de inversión en el exterior aplicable a la suma de los cuatro (4) tipos de fondos de pensiones obligatorias. La totalidad de las inversiones realizadas por cada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) por cuenta de los cuatro (4) tipos de fondos de pensiones obligatorias del régimen de ahorro individual con solidaridad, en los instrumentos descritos en el numeral 2 y en el subnumeral 3.3 del artículo 2.6.12.1.2 del presente decreto, estarán sujetas a un límite global de inversión del treinta por ciento (30%) de la suma del valor total de dichos fondos.
Sin perjuicio de lo anterior, cada tipo de fondo de pensiones obligatorias deberá cumplir con los demás límites de inversión y activos computables señalados en los artículos 2.6.12.1.5 para el fondo conservador, 2.6.12.1.6 para el fondo moderado, 2.6.12.1.7 para el fondo de mayor riesgo, y 2.6.12.1.24 para el fondo especial de retiro programado, y demás disposiciones aplicables del presente decreto».
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Hoy en día, según han dicho expertos del mercado, ese límite se encuentra en el 49 %.
Además, el articulado propuesto dice que:
«Artículo 2.6.12.1.28. Régimen de transición. Los fondos de pensiones obligatorias, administrados por las AFP, contarán con un plazo máximo de cinco (5) años para dar cumplimiento al límite global de inversión en activos del exterior del artículo 2.6.12.1.27 del presente decreto, de forma progresiva y de acuerdo con la siguiente tabla:
Límite global – Porcentaje Plazo Máximo
35 % Hasta 3 años
30 % Hasta 5 años
Las AFP deberán, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia del límite global de inversión en activos en el exterior contemplado en el artículo 2.6.12.1.27 del presente decreto, remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia, para efectos de su seguimiento y supervisión, un plan de ajuste con fines informativos, orientado a la implementación gradual de dicho límite y al cumplimiento del término señalado en el inciso anterior.
Dicho plan deberá contemplar, como mínimo, los criterios y medidas adoptadas para garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos administrados, en el marco de las decisiones de inversión, así como los mecanismos de gestión integral de riesgos que resulten aplicables. Igualmente, el plan de ajuste de las AFP debe contemplar que la totalidad del flujo proveniente de las nuevas cotizaciones se destine a inversiones nacionales hasta el punto en que sea necesario para dar cumplimiento al límite global del artículo 2.6.12.1.27″.
Agrega el documento del Ministerio de Hacienda que «en caso de existir razones objetivas que deriven en el incumplimiento del límite global de inversión, las AFP deben preparar un documento técnico soportando las razones que impiden dar cumplimiento al límite global en condiciones de seguridad, rentabilidad y liquidez, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 de la Ley 100 de 1993. Este documento debe quedar a disposición de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás autoridades competentes».
De acuerdo con cálculos de los analistas en pensiones, bajar ese nivel de inversiones en el exterior representará repatriar al país alrededor de $100 billones, sobre la base de una lista de proyectos de infraestructura incluida en el proyecto de decreto que incluye autopistas, trenes, aeropuertos, no solo del ámbito nacional sino de alcance regional y municipal.
Eso deja abierta la puerta también para que los fondos privados de pensiones recurran al mercado financiero local de deuda pública, en donde el Gobierno tiene altas metas de colocación para mantener los niveles de gasto y refinanciar operaciones como el TRS que se ejecutó con fondos y bancos internacionales.
Dentro de la explicación que brinda el proyecto de decreto se indica que “con el fin de facilitar una transición ordenada, se establece un límite global del 30 % para las inversiones en activos del exterior, acompañado de un esquema gradual de ajuste que contempla un tope intermedio del 35 % al tercer año y el cumplimiento pleno al quinto año posterior a la entrada en vigencia de la norma”.
Y se agrega que “esta progresividad responde a criterios de prudencia regulatoria y viabilidad operativa, al evitar desinversiones abruptas y permitir que los flujos de nuevas cotizaciones y los vencimientos naturales de las inversiones externas faciliten el proceso de recomposición del portafolio. De esta manera, se garantiza que el ajuste no genere afectaciones a la seguridad, liquidez ni rentabilidad del ahorro pensional”.
La propuesta, según el texto elaborado en la URF, también busca alinear el ahorro institucional de largo plazo con necesidades estructurales de inversión en la economía colombiana, particularmente en sectores de alto impacto como infraestructura, vivienda, energía y proyectos productivos, tanto públicos como privado.
“Esto contribuye al aumento del tamaño, liquidez y profundidad del mercado de capitales, favoreciendo su capacidad para financiar proyectos de largo plazo”, dijo el Gobierno Nacional.
Dentro de lo señalado por la URF en el proyecto normativo se indica que “el ajuste al régimen de inversión busca contribuir a la profundización del mercado de capitales, al favorecer que una mayor proporción del ahorro institucional encuentre contrapartida en activos locales bien estructurados, generando mayor liquidez, profundidad y capacidad de financiamiento de proyectos, sin desconocer el deber fiduciario ni la protección del afiliado”.
Los proyectos que se propone financiar
El proyecto de decreto propone que los recursos que los fondos de pensiones traigan a Colombia se destinen a proyectos de infraestructura incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y sus actualizaciones, así como el portafolio identificado para el período 2026–2028 (aproximadamente $111,5 billones) y los Proyectos de Interés Nacional EstratÈgico con vigencias futuras aprobadas (cerca de $85 billones).
Esta oferta, además dice la norma, no se limita al nivel nacional, sino que incluye proyectos departamentales y municipales, así como esquemas APP y, cuando resulte pertinente, iniciativas del sector privado.
Poca ejecución de proyectos y lento avance en vías terciarias
Sin embargo, es claro que durante el actual Gobierno no se ha dado una velocidad visible en la convocatoria de nuevos proyectos de infraestructura, en tanto las críticas del presidente Gustavo Petro no se han hecho esperar usando frases como que las carreteras solo sirven para movilizar tractomulas «cargadas de las mercancías de los dueños del gran capital en Colombia”.
Desde el inicio del actual Gobierno se dijo que la prioridad sería la ejecución de vías terciarias bajo una meta de 33.000 kilómetros. De ese total, al corte de octubre de 2025, apenas se había ejecuado el 10 % y se dejó sin velocidad el plan de proyectos de infraestructura 5G que desde hace años se venía estructurando en el país. Los detalles de esa baja ejecución en obras terciarias se pueden leer haciendo clic aquí.
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