Con el propósito de avanzar hacia una reforma integral del esquema de supervisión y del régimen sancionatorio en el sector transporte, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley orientado a fortalecer la seguridad en la movilidad y a enfrentar de manera más efectiva los altos niveles de informalidad que persisten en el país.
Esta problemática, según ha señalado el Ejecutivo, no solo afecta la sostenibilidad de los operadores legalmente constituidos, sino que también impacta de forma directa la calidad y seguridad del servicio que reciben los usuarios.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, el sistema actual de vigilancia y control presenta deficiencias estructurales que limitan la capacidad de respuesta del Estado frente a irregularidades, incumplimientos normativos y fallas operativas. Estas debilidades, advierte el Gobierno, incrementan los riesgos asociados a la prestación del servicio de transporte público y dificultan la adopción de medidas oportunas que permitan prevenir situaciones que pongan en peligro la integridad de pasajeros y conductores.
Desde la cartera de Transporte se ha insistido en la necesidad de consolidar un modelo de supervisión más sólido, coherente y articulado entre las distintas autoridades competentes. El objetivo es reducir los riesgos inherentes a la movilidad, contribuir a la disminución de los siniestros viales y garantizar que la prestación del servicio se realice bajo parámetros técnicos y de seguridad adecuados. En ese sentido, la iniciativa plantea un cambio de enfoque, en el que la prevención tenga un papel preponderante frente a la aplicación de sanciones económicas.
¿Cómo plantea el Gobierno mejorar la supervisión en el transporte del país?
El proyecto propone priorizar la detección temprana de incumplimientos, la corrección oportuna de fallas y el acompañamiento permanente a los operadores, con el fin de elevar los estándares de operación y fortalecer la cultura del cumplimiento normativo. Para el Gobierno, un control efectivo no debe limitarse a la imposición de multas, sino que debe contribuir a mejorar de manera sostenida las condiciones en las que se presta el servicio de transporte en el país.
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Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la modernización del marco normativo que regula la supervisión en los distintos modos de transporte, incluidos el terrestre, férreo, fluvial, portuario y logístico. En este punto, se plantea una definición más clara y precisa de las competencias entre las autoridades nacionales y territoriales, con el propósito de evitar vacíos de control, superposiciones de funciones o duplicidades que resten eficacia a las labores de vigilancia y control.
Finalmente, el proyecto otorga un énfasis especial a la protección de los usuarios del sistema de transporte. Entre las medidas previstas se encuentran el fortalecimiento de las herramientas para enfrentar cobros indebidos, la exigencia de niveles mínimos de calidad en la prestación del servicio y la garantía de su continuidad, especialmente en aquellas regiones donde la oferta de transporte es limitada.
