La Contraloría apuntó que las medidas del Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a las operaciones de deuda encajan dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La entidad mencionó que las transacciones con títulos de deuda efectuadas por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 y enero de 2026: “cumplieron con los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la Nación”.
Sin embargo, advierte los esfuerzos fiscales que se deben realizar en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con los pagos de deuda. Sumados los pagos de deuda y los demás gastos del gobierno, la inflexibilidad del presupuesto es cercana al 93 % del total.
Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado.
El movimiento del gobierno Petro con las finanzas
Debido a los bajos niveles de depósitos registrados ($1,44 billones el 8 de diciembre de 2025), el Ministerio de Hacienda llevó a cabo una operación de tesorería que consistió en la venta de una parte de su portafolio de TES B por $23,24 billones, con el objetivo de fortalecer la liquidez del Gobierno.
La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda.
Para la Contraloría el bajo nivel de los depósitos ha sido constante a lo largo de la vigencia 2025 y es resultado de los mayores pagos presupuestales (presionados por las altas reservas constituidas en 2024, $61,7 billones) y de unos ingresos corrientes menos dinámicos de lo esperado (revisión a la baja de las metas tributarias).
Un aspecto para destacar de esta operación es que se recibió una parte en dólares y otra en pesos: US$5.000 millones que se mantendrán inicialmente en el exterior y se irán monetizando paulatinamente y $3,87 billones que entraron a los depósitos locales de la Nación.
Por otro lado, para la vigencia 2026, el plan financiero indicaba que el Gobierno requería US$13.096 millones de recursos de crédito externo para su financiamiento, de los cuales US$9.000 millones se obtendrían a través de la emisión de bonos globales. De esta manera se realizó la emisión de bonos externos por US$4.950 millones.
Esta operación sí implica endeudamiento y cubrirá parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmadas en el Presupuesto General de la Nación aprobado por el Congreso. En su revisión, la Contraloría determinó que esta emisión de deuda también cumplió con los requisitos legales, ya que fue autorizada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y no excedió el cupo global de endeudamiento externo aprobado (US$87.607 millones).
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