La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Javier Vásquez Torres como agente especial de Air-e, empresa de energía que permanece bajo intervención estatal desde 2024 debido a una crisis financiera y operativa de gran magnitud.
Vásquez había asumido la conducción del proceso de intervención en junio de 2025, en un contexto marcado por una situación económica crítica. De acuerdo con cifras oficiales, Air-e acumula obligaciones que superan los $2,5 billones, lo que ha comprometido su capacidad de operación y la continuidad del servicio en varias regiones del país.
Con esta salida, Vásquez se convierte en el cuarto agente interventor que deja el cargo desde que el Gobierno asumió el control de Air-e. Antes de él, pasaron por la intervención Carlos Diago, Edwin Palma y Diana Bustamante.
La aceptación de la renuncia fue formalizada con la firma del superintendente de servicios públicos, Felipe Durán, el mismo día en que se presentó la dimisión. Mientras se designa a un nuevo interventor, Vásquez continuará en funciones hasta el 29 de enero.
Air-e presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, zonas que han estado en el centro de la discusión por la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.
Los cobros que ha creado el gobierno para salvar Air-e
La gravedad de la situación llevó al Gobierno a adoptar medidas para evitar un deterioro mayor y un posible efecto contagio en otras empresas comercializadoras.
Entre las medidas adoptadas se encuentra la expedición de un decreto, en el marco de la emergencia económica, que estableció una contribución parafiscal con el fin de fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Esta contribución corresponde al 2,5 % de la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025 y deberá ser asumida por empresas generadoras de energía, con pagos programados para febrero y mayo.
El decreto también estableció una contraprestación en especie para las empresas generadoras hidráulicas, que deberán entregar el 12 % de la energía comercializada en bolsa para apoyar a las compañías intervenidas, incluida Air-e.
Según la norma, este aporte no podrá trasladarse a las tarifas ni afectar la formación de precios en el mercado eléctrico y, a cambio, será reconocido como descuento en el impuesto de renta.
Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Energía anunció a comienzos de mes un cobro temporal de $8 pesos por kilovatio hora en la tarifa de energía, con el objetivo de cubrir una deuda cercana a los $2 billones y reducir riesgos sistémicos en el sector.
