A pocos días de que entre en vigencia la Ley de Garantías, la Contraloría General de la República reconfiguró una de sus fichas más estratégicas.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, designó a la abogada Jenny Lindo como nueva contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado, el área encargada de vigilar la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional en el tramo final de la administración de Gustavo Petro.
El movimiento no es menor. Se trata de uno de los despachos más sensibles de la entidad, especialmente en un contexto de cierre de gobierno y año electoral, cuando el control sobre el gasto público, los traslados presupuestales y el uso de los recursos se vuelve determinante para la transparencia institucional.
La funcionaria tendrá a su cargo la vigilancia integral de la ejecución del Presupuesto Nacional: el flujo de caja del Estado, el comportamiento del gasto, los resultados del uso de los recursos públicos y el impacto económico de las políticas del Gobierno. También supervisará los giros y movimientos presupuestales hacia gobernaciones y alcaldías, así como el recaudo y los ingresos territoriales.
En términos prácticos, será la funcionaria responsable de hacer seguimiento a los recursos que los ciudadanos aportan vía impuestos y que financian las inversiones y gastos del Estado, en un momento en el que cualquier desviación, retraso o sobrecosto tiene implicaciones fiscales y políticas.
Un perfil técnico con peso institucional
Jenny Lindo es abogada de la Universidad Libre y cuenta con una trayectoria consolidada en organismos nacionales e internacionales. Ha trabajado en la Organización de los Estados Americanos, (OEA) la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Federación Nacional de Departamentos, y tuvo un papel relevante en procesos relacionados con la intervención de Electricaribe.
Su perfil técnico le valió el Premio de Política Técnica otorgado por la Universidad del Rosario, y actualmente es docente de la Universidad de los Andes, lo que refuerza su imagen como una funcionaria con respaldo académico y experiencia en gestión pública.
Hasta ahora, Lindo se desempeñaba como contralora delegada para el sector Justicia, donde estuvo al frente de la vigilancia a la administración de justicia, el sistema penitenciario y carcelario, así como a los procesos de justicia transicional. Según cifras oficiales de la Contraloría, durante su gestión se reportaron más de 150 hallazgos fiscales, 80 penales y se evitó la pérdida de más de $200.000 millones en el sector justicia.
Con la Ley de Garantías a punto de activarse, la Contraloría refuerza así su capacidad de supervisión.
