El precio del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) en Bogotá podría volver a cambiar en los próximos meses, pese a que el aumento ya está vigente desde hace algunas semanas. La posibilidad de que la tarifa se reduzca ha comenzado a tomar fuerza en medio de una controversia jurídica que cuestiona el decreto con el que la Alcaldía autorizó el ajuste.
El tema no es menor: el Sitp, que incluye componentes zonales (buses azules), troncales (TransMilenio), alimentadores y cables, moviliza en conjunto a más de 4 millones de pasajeros diarios. Además, la integración física y tarifaria conecta toda la ciudad con una flota que supera los 10.500 vehículos, según cifras oficiales del Distrito.
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La tarifa del Sitp ya subió: aumento del 10,94 %
Muchos ciudadanos manifestaron su preocupación luego de que la Alcaldía confirmara que, desde el 14 de enero de 2026, el pasaje del Sitp aumentaría de $3.200 a $3.550, lo que representa un alza del 10,94 %.
El ajuste fue presentado como una medida para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, en un contexto marcado por inflación y mayores costos operativos, así como por el alza del salario mínimo. La administración señaló que el incremento fue “inferior a la variación del salario mínimo y a los principales indicadores de costos del Sistema”. También TransMilenio ratificó que la tarifa unificada aplica para los servicios troncales, zonales y TransMiCable.
Un giro inesperado: el pasaje del Sitp podría bajar
Aunque el alza ya se está aplicando, una demanda judicial presentada esta semana abrió un escenario distinto: la posibilidad de que el decreto que fijó la tarifa sea suspendido o anulado.
El pasado 2 de febrero, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal anunció que interpuso, junto al concejal Juan David Cuesta, una acción contra el decreto que subió el pasaje.
“He presentado junto al concejal @jcuestanovoa una demanda contra el decreto que sube el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), gestionado por TransMilenio S.A. a $3.550”, afirmó la congresista.
En su declaración, cuestionó directamente el impacto social del ajuste: “Este aumento afecta a millones de bogotanas y bogotanos y carece de justificación técnica y social”.
Y agregó un mensaje político sobre la función del transporte público: “El transporte público debe ser un derecho, no un lujo que proteja las ganancias de los operadores privados”.
¿Qué se puede esperar de esta demanda contra el alza del pasaje del Sitp?
La acción judicial fue presentada contra el Decreto Distrital 007 del 13 de enero de 2026, norma que estableció formalmente la nueva tarifa.
La demanda solicita una nulidad con medida cautelar, lo que significa que un juez podría suspender provisionalmente el aumento mientras se resuelve el proceso.
Según el comunicado de la congresista y candidata, el decreto se sostiene sobre una motivación “aparente, pero no real”. Aunque menciona factores como inflación, salario mínimo y costos operativos, la representante sostiene que no existe una demostración pública clara que explique “cómo esos factores conducen al valor final del pasaje”.
Además, según Carrascal, no hay estudios técnicos completos ni transparencia suficiente para justificar que la ciudadanía asuma una nueva carga económica.
Y es que el aumento del Sitp tiene efectos directos sobre el gasto mensual de los hogares. Para un usuario que realiza dos trayectos diarios, el costo puede superar los $200.000 al mes, afectando especialmente a trabajadores y estudiantes.
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Aunque el Distrito mantiene subsidios para población vulnerable, el debate sigue abierto sobre si el ajuste tarifario recae de forma desproporcionada sobre quienes dependen del transporte público como única alternativa.
Por ahora, el pasaje del Sitp se mantiene en $3.550, pero la demanda podría marcar un precedente sobre cómo se calculan y justifican las tarifas del transporte masivo en Bogotá.
Si un juez decide suspender o tumbar el decreto, la ciudad podría enfrentarse a una revisión tarifaria que reabra la discusión sobre el equilibrio entre sostenibilidad financiera y derecho a la movilidad.
