La senadora de la Alianza Verde y aspirante de nuevo al Congreso, Angélica Lozano, lanzó un fuerte llamado de atención al debate económico y fiscal en Colombia tras la reciente suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional, señalando que la administración del presidente Gustavo Petro habría utilizado esta figura con motivaciones político-electorales y con consecuencias para las cuentas del Estado.
Lozano afirmó a Valora Analitik que el Gobierno “creó una situación fiscal compleja para tener plata y gastarla en época electoral”, e indicó que estas decisiones pueden estar vinculadas a una estrategia para disponer de recursos adicionales en el periodo previo a las elecciones de 2026.
También señaló además que con la emergencia se habilitaron nombramientos y acciones sin las restricciones habituales de la Ley de Garantías, lo que, a su juicio, representa una “usurpación” de funciones legislativas y un riesgo para la disciplina fiscal.
Desde el punto de vista económico, la senadora cuestionó el uso de la figura de emergencia —que constitucionalmente requiere un hecho sobrevenido, imprevisible y de gravedad— para justificar facultades extraordinarias como la fijación de impuestos por decreto o la ampliación de gastos sin el control convencional del Congreso. Sostuvo que esto tensiona las normas y también complica el manejo del déficit público y el equilibrio de las finanzas del país.
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Lozano ha sido particularmente crítica con lo que considera una “complejidad fiscal”: ha señalado que la recaudación tributaria se destina hoy en buena parte a cubrir obligaciones como el pago de créditos y el servicio de la deuda, dejando menos margen para inversión pública o programas sociales sin afectar la estabilidad macroeconómica.
Además, la congresista ha insistido en que cualquier mecanismo extraordinario de gasto o recaudo debe ir acompañado de mecanismos claros de transparencia, control y rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de recursos públicos que podrían influir en decisiones electorales o en la competencia entre candidatos.
Este debate se produce en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, con costos crecientes de atención a eventos climáticos extremos y un déficit fiscal que obliga a buscar alternativas de financiamiento, en medio también de la publicación de los decretos de emergencia para atender la coyuntura en Córdoba y Urabá.
Analistas han señalado que medidas como nuevos impuestos temporales —incluidos en la emergencia económica— buscan compensar lagunas en la recaudación, pero también generan inquietud sobre su impacto en la confianza de inversores y en el crecimiento económico.
