Durante décadas, el debate sobre el ordenamiento productivo del territorio colombiano ha estado atravesado por una premisa que se repite con tal frecuencia que ha adquirido casi el estatuto de verdad incuestionable: la minería y la agricultura son actividades incompatibles, y la expansión de la primera ocurre necesariamente a expensas de la segunda. Una investigación de impacto económico y social elaborado por EConcept sobre el proyecto minero Quebradona, ubicado en el municipio de Jericó, Antioquia, aporta evidencia estadística que obliga a revisar esa premisa con rigor.
La investigación incluye la visión y análisis de EConcept, consultora liderada por Juan Carlos Echeverry, Andrés Escobar, Tomás González y Mauricio Santamaría, así como de Samuel Suesca de la Universidad Eafit.
El análisis, que cruza datos de producción agropecuaria con la presencia de actividad minera en municipios colombianos, encuentra una correlación positiva de 0,217 entre la existencia de minería de cobre y los niveles de producción agrícola. De esta manera, los municipios cupríferos y petroleros registran, en promedio, niveles de producción agropecuaria superiores al promedio nacional. La excepción estadísticamente significativa es la minería de oro ilegal, que sí muestra una relación negativa con el desarrollo agrícola, un matiz relevante en un departamento como Antioquia, donde esa actividad tiene presencia extendida y donde con frecuencia se generaliza indebidamente el impacto de la minería informal al conjunto del sector.
Este resultado tiene implicaciones de política pública que trascienden al proyecto Quebradona. Sugiere que el marco regulatorio y los instrumentos de ordenamiento territorial deberían distinguir con mayor precisión entre tipologías mineras —por escala, por formalidad, por mineral— en lugar de aplicar criterios de exclusión sectorial de alcance general.
La evidencia apunta a que la minería industrial de estándares elevados no solo coexiste con la agricultura, sino que puede generar condiciones —infraestructura, demanda local, ingresos fiscales municipales— que favorecen su desarrollo.
Jericó y su gran potencial con Proyecto Quebradona
El municipio de Jericó ofrece el caso más ilustrativo de lo que el estudio denomina «triple especialización» territorial. En la última década, el valor agregado per cápita del municipio creció a una tasa anual del 5,4 %, superando holgadamente los promedios departamental y nacional. Ese dinamismo no fue producto de un único sector sino de una transformación productiva simultánea en tres frentes.
El aguacate Hass pasó de una participación marginal a representar el 18,5 % de la producción agrícola regional en 2024, consolidando a Jericó como uno de los municipios más relevantes del sudoeste antioqueño en agricultura de exportación. En paralelo, el sector turístico registró un crecimiento del 163% en el número de agentes prestadores de servicios entre 2019 y 2025, impulsado en parte por la declaratoria de Jericó como Patrimonio Cultural de la Nación y por el posicionamiento de su oferta de turismo religioso y de naturaleza. La expectativa del desarrollo minero ha operado, en ese contexto, no como una amenaza sobre los otros dos motores sino como un elemento adicional que ha atraído inversión, atención institucional y mejoras de conectividad.
Esto pues el Proyecto Quebradona es, en términos técnicos, un yacimiento de pórfido andino con reservas probables de aproximadamente 1,47 millones de toneladas de cobre contenido. Su diseño contempla minería subterránea mecanizada mediante el método de sublevel caving, con una vida útil inicial de 19 años y una producción estimada de entre 60.000 y 88.000 toneladas de cobre fino anuales. Un rasgo técnico distintivo, con implicaciones directas sobre la compatibilidad ambiental con la actividad agrícola circundante, es el grado de electrificación del 80 % en sus equipos de cargue, acarreo y ventilación. Dado que la matriz eléctrica colombiana es predominantemente hidroeléctrica, esta configuración permitiría reducir en un 80 % las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de cobre producida frente a diseños convencionales, lo que posiciona al proyecto dentro de los estándares más exigentes de descarbonización operativa a nivel global.
La dimensión hídrica es el punto de mayor sensibilidad en la relación entre el proyecto y el sector agrícola. El suroeste antioqueño es una región con vocación cafetera y aguacatera que depende de una hidrología estable, y cualquier alteración de los sistemas de acuíferos y cuencas tendría consecuencias directas sobre la producción agropecuaria. Es precisamente por eso que el estudio ve en esta situación una recomendación de gobernanza central: la implementación de un sistema de monitoreo hidrogeológico en tiempo real con acceso público, que permita a los sectores agrícola y turístico verificar de manera continua e independiente el comportamiento de los recursos hídricos durante toda la vida operativa de la mina. La transparencia en ese frente es, según los autores, la condición ‘sine qua non’ para que la coexistencia sectorial sea sostenible y no quede reducida a una promesa sin respaldo técnico verificable.
Más allá de la compatibilidad productiva, el estudio cuantifica los mecanismos a través de los cuales la actividad minera puede fortalecer activamente el desarrollo agropecuario del territorio: las compras nacionales del proyecto dinamizarían 12 sectores de la economía mediante encadenamientos productivos estimados en $11,5 billones constantes de 2026, con impactos en comercio, servicios públicos e industria manufacturera que se traducen en mayor capacidad de consumo local.
En términos de empleo, la actividad inducida generaría 68.064 puestos de trabajo adicionales a nivel nacional entre 2029 y 2051, mientras que en la fase operativa la mina demandaría 767 empleos directos, de los cuales el 42,2 % provendría de la fuerza laboral local, con salarios significativamente superiores al promedio regional. Un mercado laboral más dinámico y mejor remunerado es, en la práctica, un factor que sostiene la demanda de bienes agrícolas producidos localmente y que puede reducir la migración rural que históricamente ha debilitado la disponibilidad de mano de obra en el campo antioqueño.
Regalías, impacto en comunidades y otros datos del estudio
Las regalías y el impuesto predial que recibiría Jericó constituyen el canal más directo de transferencia de valor desde el subsuelo hacia el desarrollo territorial. Las asignaciones directas de regalías sumarían $207.400 millones constantes de 2026 en valor presente, con un flujo anual máximo de $50.500 millones proyectado para 2038.
Esos recursos, canalizados con criterios de inversión bien diseñados, podrían financiar infraestructura de riego, vías terciarias, centros de acopio y programas de asistencia técnica agropecuaria que hoy son cuellos de botella para la competitividad del sector en la región. El estudio propone, en este sentido, que los mecanismos de inversión social derivados de los excedentes mineros queden blindados jurídicamente desde el inicio, para evitar que la volatilidad política municipal comprometa la continuidad de programas estructurales de largo plazo.
El efecto conjunto de estas medidas reduciría el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 10,8 puntos porcentuales, una caída del 47,8 % que equivale a más de 12 años de avance departamental en un solo horizonte de proyecto.
La metodología empleada para estimar estos impactos merece una mención específica porque condiciona la solidez de las conclusiones.
A diferencia de los estudios convencionales que utilizan proyecciones determinísticas construidas sobre un escenario único de precios y costos, EConcept aplicó simulaciones de Monte Carlo con 4.000 iteraciones, incorporando la variabilidad probabilística del precio internacional del cobre, el oro y la plata, la tasa de cambio, los costos de inversión —CAPEX— y los costos operativos —OPEX—, así como parámetros técnicos como la ley del mineral y la recuperación metalúrgica. Este enfoque permite presentar los resultados como distribuciones de probabilidad con sus percentiles correspondientes, haciendo visible el rango real de escenarios posibles en lugar de una cifra puntual que suele transmitir una falsa precisión. El modelo además captura interacciones entre variables que los análisis lineales omiten: por ejemplo, que un retraso regulatorio de tres años erosiona el valor presente de los beneficios fiscales de forma más profunda que una caída moderada en los precios internacionales del cobre, lo que convierte la certeza jurídica en una variable económica de primera importancia.
En el fondo, lo que el estudio plantea es una reconceptualización del desarrollo territorial en municipios con vocación múltiple. La pregunta relevante no es si Jericó debe ser minero o agrícola, sino en qué condiciones institucionales, ambientales y de gobernanza puede serlo simultáneamente y garantizar su sostenibilidad presente y futura.
La presentación del estudio se puede descargar en el siguiente enlace.
