A casi un mes de las elecciones presidenciales, el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis que no podrá ser omitida por el próximo Gobierno que tome posesión el 7 de agosto. En este sentido, el debate ideológico que aún llena las plazas públicas contrasta con la frialdad de los datos oficiales, que ya permiten dimensionar con precisión la magnitud del daño acumulado durante cuatro años de gestión errática, liderazgos fugaces y decisiones que ignoraron una verdad elemental del sector: en salud, los errores no se contabilizan en balances, se miden en vidas perdidas y en familias arruinadas.
De esta manera, el próximo Gobierno recibirá un sistema bajo lo que los economistas denominaron «efecto tijera»: mientras los recursos no llegaban a los hospitales, el costo de la atención comenzó a recaer, con una intensidad sin precedentes en la historia reciente del país, directamente sobre el bolsillo de los hogares colombianos.
El indicador más contundente de esta transferencia forzada de costos proviene del DANE. Al cierre de 2025, los hogares gastaron $10,5 billones más en salud que al inicio del actual período de gobierno. Esa cifra refleja una falla estructural, pues cuando el sistema no entrega medicamentos a tiempo, cuando las listas de espera para una cirugía se vuelven interminables, cuando la EPS no responde, el ciudadano termina asumiendo el gasto de manera privada para evitar que su condición se agrave.
Mientras algunos departamentos, como La Guajira, reportan valoraciones positivas asociadas a los equipos básicos de atención primaria, en el sur del país, en departamentos como Nariño, Putumayo y Vichada, cuatro de cada diez ciudadanos califican el servicio de salud como regular o malo. Para los especialistas, esa fragmentación señala algo más profundo que una mala gestión puntual: el país ya no tiene un sistema nacional de salud, sino 32 realidades desconectadas entre sí.
La crisis en hospitales y clínicas
Al otro extremo de la cadena, la red hospitalaria enfrenta lo que el sector ya describe abiertamente como un infarto financiero. Según el informe más reciente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la deuda acumulada de las EPS y el Estado con las instituciones prestadoras de servicios superó los $25 billones.
Los hospitales, que en teoría son el eslabón final de la atención, se han convertido involuntariamente en los principales financistas del sistema, sosteniendo con su propio flujo de caja una estructura que no les paga. Ese déficit crónico de liquidez ya tiene consecuencias concretas sobre la operación cotidiana: nóminas que no se pagan puntualmente, insumos básicos que no se compran, y procedimientos que no se realizan.
Más allá del volumen total, la calidad de esa deuda es lo que alarma al gremio hospitalario: la proporción de cartera en mora pasó al 58% y las EPS intervenidas o bajo vigilancia especial concentran el 79,5 % de toda la cartera vencida del sistema, con una proporción de mora del 65,6 % — más de $15,2 billones con una cartera morosa cercana a $9,7 billones. En términos prácticos, esto significa que más de la mitad de lo que se debe ya no tiene perspectiva de cobro en el corto plazo.
De hecho, casos como los de Medimás y Coomeva son ilustrativos del nivel de deterioro al que ha llegado el sistema: estas dos entidades presentan el 100 % de su cartera vencida, una condición en que la recuperación de recursos resulta altamente improbable. La Nueva EPS, por su parte, atiende a cerca de 11 millones de colombianos y acumula una deuda superior a los $21 billones entre 2022 y 2025, lo que la convierte en el epicentro más crítico de todo el sistema.
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Las cifras negativas de las IPS
Por otro lado, entre 2021 y 2025 cerraron 4.104 instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia, desmantelando silenciosamente la infraestructura de atención que tardó décadas en construirse.
En ellas, las unidades de cuidados intensivos neonatales disminuyeron 7,5 % entre enero de 2024 y julio de 2025; las camas para trabajo de parto y posparto se redujeron 7,1 %; y las camas de salud mental para adultos cayeron 6 %. Esta destrucción de capacidad instalada ocurre precisamente cuando el país enfrenta un perfil epidemiológico más complejo, con mayor prevalencia de enfermedades crónicas y una población que envejece aceleradamente: casi el 50 % de los activos de las instituciones prestadoras corresponde hoy a cuentas por cobrar, lo que deja a los hospitales sin liquidez real.
El cuadro se cierra con una paradoja que resume la tragedia del sistema: la afiliación al sistema de salud se reporta en 98,45 % a junio de 2025, pero representa una caída sostenida desde 2022, cuando se registraban niveles cercanos al 100 %. A pesar de ello, el país está, al mismo tiempo, cerca de la cobertura universal en papel, pero lejos de garantizarla en la práctica. Como lo advierte el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, la brecha entre el aseguramiento formal y la garantía real del derecho a la salud se ha consolidado como el problema estructural central del sistema.
Ante este panorama negativo, el próximo presidente de Colombia deberá implementar un plan de gobierno en pro de recuperar una estructura financieramente viable que busque detener el colapso operativo en el que se encuentra. Por ello, será clave recuperar la promesa constitucional de la salud como derecho fundamental de todos los colombianos.
