La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) presentó este jueves sus principales propuestas para el nuevo gobierno que llegue al país a partir del 7 de agosto.
Se trata de una serie de acciones técnicas y normativas organizadas para los primeros 30, 90 y 180 días de gestión. La propuesta busca que el sector funcione como un «motor de crecimiento» y que el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) se consolide como «política de Estado».
El planteamiento formal ya fue presentado a las campañas presidenciales de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Según el gremio, los candidatos coincidieron en «la necesidad de avanzar en el sector de la construcción».
El plan de la CCI para el futuro de las grandes obras de infraestructura
Para los primeros 30 días de gobierno, el gremio plantea «fortalecer la institucionalidad del sector y sus capacidades técnicas», además de «implementar una gerencia del PMTI».
En este mismo periodo inicial, el documento señala que se deben atender los saldos pendientes que tienen la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), así como crear una «comisión de expertos para obras estratégicas» y garantizar la «seguridad física» en las regiones.
En el corte de los primeros 90 días, la propuesta se enfoca en «impulsar las iniciativas privadas» y tramitar el «pago de conciliaciones, laudos arbitrales y sentencias», a la par de realizar una «revisión y actualización del marco normativo».
Para los primeros 180 días de mandato, la hoja de ruta de la CCI proyecta articular las necesidades sectoriales con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, así como ejecutar un plan de obra pública de vías regionales, regular los contratos interadministrativos e impulsar nuevas fuentes de financiación de proyectos.
Finalmente, el gremio solicita el desarrollo de lineamientos de largo plazo que incluyan la «infraestructura social» y la «formulación e implementación de una política pública de transparencia».
La propuesta concluye con la necesidad de establecer una «política pública para estructuración de proyectos» y mejorar la «eficiencia y priorización en otorgamiento de licencias y permisos ambientales».
