La insolvencia de personas naturales dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en una de las principales salidas de miles de colombianos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.
Según cifras del Sistema de Información de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, las solicitudes de insolvencia crecieron 76 % entre 2024 y 2025 y podrían superar las 26.000 en 2026, una cifra récord para el país.
El aumento coincide con la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, que amplió el acceso al régimen de insolvencia y flexibilizó varios de sus procedimientos.
Aunque la figura busca ofrecer una segunda oportunidad a personas sobreendeudadas y pequeños comerciantes, expertos advierten que el crecimiento acelerado de los casos también plantea retos para el sistema financiero, los acreedores y las entidades encargadas de tramitar estos procesos.
Para Natalia Cuberos, senior counsel de Holland & Knight, el fenómeno responde a una combinación de factores económicos y jurídicos. “El sobreendeudamiento sigue siendo el principal detonante, agravado por las secuelas económicas de la pandemia. A esto se suman las reformas introducidas por la Ley 2445, que ampliaron significativamente el universo de personas que pueden acogerse al mecanismo”, explicó.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la inclusión de pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la posibilidad de realizar trámites virtuales, la suspensión de descuentos por libranza desde la aceptación de la solicitud y la flexibilización de varios requisitos procesales.
La normativa también permitió la convalidación de acuerdos privados y agilizó los procesos de liquidación patrimonial.
El crecimiento de las insolvencias también genera inquietudes para las entidades financieras y demás acreedores. De acuerdo con Cuberos, el incremento de procesos que no logran acuerdos de pago puede traducirse en mayores pérdidas para el sistema y afectar las condiciones de acceso al crédito.
“Los procesos sin acuerdo generan deterioro de cartera, obligan a realizar provisiones y terminan impactando la capacidad de recuperación de los acreedores. Esto puede reflejarse en mayores tasas de interés, condiciones más estrictas para nuevos créditos y una reducción de la inclusión financiera”, señaló.
La experta agregó que el aumento de solicitudes también puede presionar la capacidad operativa de notarías, centros de conciliación y demás actores que participan en el trámite de insolvencia, especialmente si las cifras continúan creciendo durante los próximos años.
Controles para evitar abusos
Frente a las preocupaciones sobre un eventual uso indebido de la figura para eludir obligaciones financieras, la legislación contempla varios mecanismos de control. Entre ellos se encuentran los requisitos de cesación de pagos, que exigen demostrar el incumplimiento de al menos dos obligaciones con dos o más acreedores por más de 90 días y que estas representen al menos el 30 % del pasivo total.
La ley también establece restricciones para presentar nuevas solicitudes de insolvencia, fortalece las facultades de los acreedores para objetar deudas y solicitar pruebas dentro del proceso, y permite que, ante conductas fraudulentas, se declare el fracaso de la negociación y se avance hacia la liquidación patrimonial del deudor.
Aunque la Ley 2445 de 2025 incorporó herramientas para fortalecer el sistema, la capacidad institucional será puesta a prueba si las proyecciones se cumplen y las solicitudes superan las 26.000 durante este año.
Según Cuberos, el principal desafío será mantener el equilibrio entre la protección de los deudores que atraviesan dificultades económicas y la seguridad jurídica de los acreedores. “El incremento de procesos puede generar demoras y dificultar la construcción de acuerdos sostenibles. Sin embargo, la ley también ordenó fortalecer la capacitación de conciliadores y notarios y mejorar la infraestructura técnica para responder a la creciente demanda”, concluyó.
