La Contraloría General de la República activó una advertencia al Gobierno Nacional tras identificar riesgos en la ejecución presupuestal en medio de las restricciones de caja, el menor recaudo y la aceleración de la contratación pública durante las últimas semanas.
El pronunciamiento se basa en un informe de seguimiento con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, en el que el organismo de control concluye que las condiciones actuales de las finanzas públicas exigen un monitoreo permanente para evitar afectaciones al patrimonio del Estado.
Según la Contraloría, durante el periodo analizado se registró una intensa dinámica contractual, con una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios.
Aunque la entidad no cuestiona la legalidad de estos procesos, advirtió que deben estar respaldados por una adecuada planeación presupuestal, capacidad financiera y posibilidades reales de ejecución durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.
El organismo recordó que las finanzas públicas enfrentan un escenario complejo por el menor recaudo tributario, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste del Presupuesto General de la Nación, las mayores necesidades de financiación y las presiones sobre la liquidez del Gobierno.
En ese contexto, sostuvo que cualquier aceleración en los compromisos presupuestales, financieros o contractuales debe responder a la capacidad efectiva del Estado para financiarlos y ejecutarlos, con el fin de evitar riesgos para la sostenibilidad fiscal.
La Función de Advertencia identifica siete factores de riesgo que requieren seguimiento preventivo. Entre los principales se encuentran la insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa y la concentración de contratos, así como posibles debilidades en el control y la supervisión de la ejecución contractual.
La Contraloría explicó que esta actuación hace parte de su modelo de control fiscal preventivo y concomitante, cuyo objetivo es anticiparse a eventuales pérdidas de recursos públicos y evitar que los riesgos detectados deriven en afectaciones al patrimonio estatal o en responsabilidades fiscales y disciplinarias para los ordenadores del gasto.
Finalmente, la entidad enfatizó que la gestión fiscal no consiste únicamente en ejecutar recursos, sino en garantizar que las decisiones presupuestales sean sostenibles desde el punto de vista financiero y jurídico. La advertencia fue dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, como gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación, y, por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades que conforman el Gobierno Nacional Central.
