La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial ‘Petro Presidente’ en 2022, por el delito de violación de los topes o límites de gastos electorales.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Tercera Especializada, que llamó a Roa a juicio en el proceso que investiga presuntas irregularidades en los reportes financieros de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.
Según el ente acusador, tras revisar la información reportada por la campaña a través del aplicativo Cuentas Claras y los documentos entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), se estableció que los gastos habrían superado los límites establecidos tanto para la primera como para la segunda vuelta presidencial de 2022.
De acuerdo con la investigación, durante la primera vuelta la campaña habría reportado gastos por cerca de $29.924 millones, cifra que habría excedido en aproximadamente $1.388 millones el tope autorizado. Para la segunda vuelta, el presunto exceso habría sido de $276 millones.
La Fiscalía sostiene que Roa, en su condición de gerente y administrador financiero de la campaña, habría tenido responsabilidad en la autorización y manejo de los gastos cuestionados.
“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente, habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral”, señaló en su momento el fiscal del caso al referirse a los gastos correspondientes a la primera vuelta.
La posición de Roa frente a las acusaciones
Roa ha rechazado las acusaciones en ocasiones anteriores. “No acepto los cargos, su señoría, soy inocente”, afirmó el entonces presidente de Ecopetrol durante la audiencia virtual del 11 de mayo, en la que el ente acusador le imputó el delito relacionado con la presunta violación de los límites de gastos electorales.
Con la radicación del escrito de acusación, el proceso avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía deberá sustentar ante un juez las pruebas con las que busca demostrar la responsabilidad de Roa en las presuntas irregularidades.
Además de este proceso, la Fiscalía mantiene abierta otra investigación contra Roa por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público.
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