En el gobierno de Abelardo de la Espriella se está tramitando uno de los documentos clave en materia de política fiscal: el Presupuesto General de la Nación (PNG). El Congreso devolvió el proyecto que radicó el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y el ministro de Hacienda actual, Miguel Gómez, expresó que habría una nueva versión del plan para el 26 de agosto de 2026.
Es por ello que diversos gremios energéticos pusieron algunas iniciativas sobre la mesa, con la finalidad de que se reactive la industria. Entre los principales puntos se encuentran la decisión de que haya suficientes recursos para el Ministerio de Minas y Energía y entidades clave del sector, reglas claras para evitar cambios tributarios que alteren los proyectos y el pago de las deudas al sector eléctrico y de gas.
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), señaló que en el Presupuesto de 2026 existe un déficit acumulado sin apropiaciones por $1,7 billones. De estos, $0,9 billones corresponden al rubro de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y $0,8 billones al gas combustible por red. Agregó que, con corte al 31 de julio, las compañías otorgaron subsidios que no han sido pagados por el Gobierno Nacional por $1,8 billones: $1 billón para energía eléctrica y $0,8 billones para gas por redes.
“Para 2027, las necesidades de subsidio reportadas por nuestras empresas afiliadas ascienden a $5,6 billones: $4,1 billones para energía eléctrica del sistema interconectado y $1,5 billones para gas por redes. En total, entre 2026 y 2027, el sector requiere apropiaciones cercanas a $7,29 billones”, señaló
Sánchez agregó que entre lo que se le solicita al Gobierno está adicionar de manera urgente al Presupuesto de 2026 recursos para cubrir el déficit de energía eléctrica y gas natural, que en conjunto asciende a $1,7 billones. Agregó que los montos apropiados no alcanzan a cubrir ni tres meses en energía eléctrica, en medio de un fenómeno de El Niño que puede agudizarse.
“Incluir en el Presupuesto los recursos requeridos de $7,29 billones, así como suscribir acuerdos con entes territoriales sobre deuda oficial. También incorporar en el presupuesto de 2026 y 2027 herramientas de liquidez para las empresas, como el cruce de impuestos por deuda por subsidios, el uso de recursos de crédito, incluida la emisión de bonos y títulos de deuda pública, como permite el artículo 90 de la Ley 2008 de 2019”, expresó.
Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) expresó que se necesita de reglas claras, estables y predecibles, evitando cambios en materia tributaria y regulatoria que alteren proyectos en marcha, enfatizando que los proyectos de petróleo y gas son decisiones de inversión que toman entre 10 y 20 años.
Adicionó que es importante mejorar la competitividad, racionalizando la carga fiscal, con la finalidad de que se incentiven las condiciones en materia de inversión, y que esto sea una apuesta para que se generen impuestos, regalías, empleo, divisas y exportaciones.
“Y la tercera es fortalecer la capacidad del Estado para que las decisiones puedan ejecutarse oportunamente. El Presupuesto debe garantizar los recursos suficientes para que entidades como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), y autoridades ambientales puedan cumplir adecuadamente sus funciones, expedir reglamentaciones, licencias y autorizaciones”, manifestó.
Incluso señaló que, en el caso de la ANH, es importante que esta entidad cuente con los recursos suficientes para que haya un mayor seguimiento y control, estudios técnicos y geológicos, y se avance en la asignación de áreas para la producción petrolera y gasífera. Adicionó que es importante que en el Presupuesto haya recursos suficientes para el financiamiento, pero que esto no se traduzca en mayores cargas para la industria, para que no se alteren aspectos en materia de competitividad y atracción de inversión.
“Si queremos aumentar reservas, garantizar el abastecimiento de gas y contar con recursos para financiar la transición energética, necesitamos proyectos competitivos, instituciones con capacidad de respuesta, y sobre todo, confianza para invertir a largo plazo”, señaló.
Óscar Rincón, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), hizo referencia a la tramitología que se tiene que hacer en los proyectos para que salgan a flote. Expresó que hace falta un sistema de licenciamiento más eficaz y rápido, junto con consultas previas que sean también más efectivas, pero en las cuales se garanticen altos grados de estándares ambientales.
“Que no se conviertan en una demora para el desarrollo de los proyectos, sino que, por el contrario, agilicen más los que están en curso y los que puedan venir. Es la forma más rápida y efectiva para poder convertir recursos contingentes y prospectivos en producción y reservas”, expresó Rincón.
¿Qué dice el gremio de los mineros?
La Asociación Colombiana de Minería (ACM), presidida por Juan Camilo Nariño, manifestó que más que en un debate fiscal como el Presupuesto, lo que requiere el sector minero está en el Plan de Desarrollo. Esto significa una reforma fiscal, un fortalecimiento administrativo y seguridad territorial con la finalidad de que haya mayor desarrollo y competitividad.
Al igual que la industria petrolera, los mineros requieren de reglas claras que brinden confianza a la inversión y que haya respeto por los contratos vigentes y se tomen decisiones de política pública con base en criterios técnicos y jurídicos que potencien al sector. Lo que supone para la organización la revisión del impacto acumulado de cargas regulatorias y que se eviten medidas que generen incertidumbre.
Tal y como sucede con la tramitología de los proyectos petroleros y gasíferos, la ACM manifestó que se requiere agilizar los trámites mineros y ambientales, sin que se reduzcan estándares de protección, pero en el que haya una mayor coordinación entre autoridades, plazos claros, procedimientos estandarizados y rutas para que se avance de manera eficaz en los proyectos. A lo que añadió que es necesario el incentivo a la exploración y facilitar el desarrollo de nuevas iniciativas, para que el potencial minero se traduzca en más regalías, inversión, desarrollo regional y empleo.
