El presidente Abelardo de la Espriella devovió por primera vez una ley aprobada por el Congreso desde el inicio de su gobierno. La iniciativa buscaba impedir que se redujeran los requisitos para acceder a cargos directivos en el sector público y en empresas con participación estatal.
Se trata del Proyecto de Ley 056 de 2024 de la Cámara y 245 de 2024 del Senado, de autoría del entonces representante y ahora senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y quedó a la espera de la sanción presidencial.
El proyecto tenía como propósito proteger los estándares de formación y experiencia exigidos para ocupar cargos de alta responsabilidad.
De acuerdo con los argumentos presentados por el Gobierno, la iniciativa fue objetada por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
La primera objeción está relacionada con la “desnaturalización de las competencias constitucionales de la Sala de Consulta y Servicio Civil y coadministración judicial prohibida”. El Ejecutivo considera que algunas disposiciones del proyecto interfieren con competencias constitucionales y legales que corresponden a otras autoridades.
El segundo argumento apunta a una invasión de las competencias del Ejecutivo, la petrificación legislativa y el vaciamiento de la potestad reglamentaria en el nivel directivo.
En este punto, el Gobierno sostiene que el Congreso no puede establecer una prohibición rígida e inmutable que impida modificar en el futuro los requisitos para ocupar determinados cargos públicos.
Según el Ejecutivo, una disposición de este tipo supondría una “autoatadura o petrificación legislativa inadmisible”, debido a que una ley no puede impedir que el legislador, posteriormente, modifique o flexibilice los criterios establecidos.
Además, el Gobierno sostiene que esta prohibición podría limitar la potestad reglamentaria del presidente para ajustar los requisitos de los empleos públicos de acuerdo con las necesidades y dinámicas de la administración.
La tercera objeción está relacionada con la subjetivización del empleo público, el desconocimiento del debido proceso, la tipicidad y la dosimetría disciplinaria.
Hernán Cadavid cuestionó la decisión
Las criticas empezaron a llegar por parte del partido a fin al Gobierno, el Centro Democrático. El senador Hernán Cadavid, autor de la iniciativa, cuestionó la decisión del Gobierno y aseguró que se trata de una ley que fue aprobada con el objetivo de fortalecer el mérito en el Estado.
“Me entero en medios de comunicación que el actual Gobierno me objeta una Ley que con mucho esfuerzo aprobamos para privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad. Desconcertante”, afirmó Cadavid.
Las críticas también llegaron desde sectores cercanos al Gobierno. El exviceministro de Justicia y senador electo Rafael Nieto Loaiza calificó de “inexplicable” la objeción.
Nieto señaló que el Gobierno había anunciado la creación de un “Banco Nacional de Talentos” para promover que los colombianos lleguen al Estado por sus capacidades y no por sus conexiones.
“Si realmente queremos recuperar la calidad de las instituciones, el camino debería ser exactamente el contrario: elevar los estándares, garantizar procesos objetivos y procurar que los mejores lleguen al servicio público”, afirmó.
El exfuncionario también comparó la decisión con las críticas que durante el gobierno de Gustavo Petro hizo el actual sector oficialista a la modificación de manuales de funciones para reducir requisitos y facilitar determinados nombramientos.
“¿Van a recorrer ahora el mismo camino? Pésimo mensaje”, cuestionó Nieto, quien anunció que trabajará para que el Congreso rechace las objeciones presidenciales.
Ahora, el Congreso deberá estudiar las objeciones presentadas por el presidente Abelardo de la Espriella y definir si acepta los argumentos del Ejecutivo o insiste en sacar adelante la iniciativa que busca mantener los requisitos mínimos para los cargos directivos del Estado.
