La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, cuyo monto global de $634,9 billones fue aprobado por las comisiones económicas del Congreso, abrió también otra pregunta sobre las finanzas públicas de Colombia: ¿qué está pasando con los recursos que ya fueron comprometidos por el Estado, pero que todavía no se convierten en obras, bienes o servicios?
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El interrogante cobra relevancia porque, mientras el país debate cuánto dinero tendrá disponible el Gobierno para gastar e invertir el próximo año, una parte importante de los recursos de inversión de 2026 todavía no había llegado a una etapa previa al pago al cierre de agosto.
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Un análisis de Asoblockchain Colombia encontró que el Gobierno tenía comprometidos $64,86 billones para inversión, pero solo $35,53 billones habían avanzado hasta el punto en que ya existía una cuenta reconocida para pagar por una obra, un bien o un servicio recibido. La diferencia es de $29,33 billones, equivalente al 45,22 % de la inversión comprometida.
El dato introduce un elemento adicional al debate presupuestal: el desafío de las finanzas públicas no está únicamente en conseguir o aprobar más recursos, sino también en lograr que aquellos que ya fueron destinados a inversión avancen oportunamente por las distintas etapas de ejecución.
El presupuesto de 2027 llega con menos recursos para inversión
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla $86,96 billones destinados a inversión, frente a los $89,47 billones previstos para 2026. La diferencia es de aproximadamente $2,51 billones, lo que representa una reducción cercana al 2,8 %.
Por eso, para Asoblockchain, la discusión que comienza a darse alrededor del presupuesto del próximo año debería considerar no solo cuánto recibirá cada sector, sino también qué tan rápido los recursos que ya fueron comprometidos terminan convertidos en resultados.
Esto es particularmente relevante porque el monto global del PGN 2027 ya fue aprobado, pero todavía falta avanzar en la definición de cómo se distribuirán los recursos entre los distintos sectores.
El análisis financiero plantea una precisión importante: los $29,33 billones no pueden interpretarse como dinero perdido ni como contratos incumplidos por ese valor.
Parte de esos recursos puede corresponder a proyectos que continúan avanzando dentro de los tiempos previstos. El punto que Asoblockchain pone bajo la lupa es cuánto de ese dinero corresponde al desarrollo normal de las iniciativas y cuánto puede estar asociado con proyectos que presentan mayores tiempos de ejecución o retrasos.
En otras palabras, el problema está en el recorrido que hace el dinero público desde que queda comprometido hasta que se materializa en un resultado concreto para la ciudadanía.
Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, resumió la situación al señalar que “casi uno de cada dos pesos destinados a inversión y ya comprometidos todavía no había llegado a la antesala del pago”.
La diferencia también permite entender por qué comprometer recursos no equivale a ejecutar completamente una inversión. Para que el gasto llegue a su resultado final todavía deben cumplirse las etapas asociadas con la ejecución del proyecto, la recepción del bien o servicio y el reconocimiento de la cuenta correspondiente.
Transporte, salud y vivienda concentran buena parte del rezago
El análisis adquiere especial relevancia cuando se revisan los sectores en los que están concentrados los recursos que todavía no habían llegado a esa etapa.
Transporte, salud y vivienda reúnen $17,77 billones comprometidos que, al cierre de agosto, todavía no habían llegado a la fase previa al pago. Esa cantidad representa el 32,64 % de todos los recursos de inversión que se encontraban en esa situación. Son sectores en los que la ejecución presupuestal tiene una traducción particularmente visible para los ciudadanos.
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En transporte, por ejemplo, el resultado esperado puede ser una carretera o una infraestructura que entre en funcionamiento. En salud, una obra hospitalaria o un servicio. En vivienda, un proyecto que debe terminar beneficiando a las familias previstas.
Sin embargo, el análisis no permite concluir que todos esos proyectos estén retrasados. La información disponible muestra el volumen de recursos que aún no había alcanzado la etapa previa al pago, pero no establece que cada peso de ese monto corresponda a una obra paralizada o incumplida.
Uno de los datos más relevantes de la revisión aparece al mirar qué ocurre después de que una obligación ya está reconocida. Asoblockchain encontró que, una vez el Estado reconoce que una cuenta debe pagarse, el 99,36 % de esos recursos efectivamente había sido girado.
Esto sugiere que la discusión sobre la ejecución debe mirar más allá del giro final. Para Suárez, la principal diferencia estaría en las etapas anteriores: el periodo que transcurre entre el momento en que se comprometen los recursos y aquel en que se recibe lo contratado y se reconoce la cuenta correspondiente.
Así, la pregunta que queda sobre la mesa no es simplemente cuánto dinero se pagó, sino cuánto tiempo tarda cada inversión pública en pasar del presupuesto a un resultado verificable.
¿Cuánto tendría que avanzar la inversión en los últimos meses de 2026?
La revisión también pone una meta de referencia para dimensionar el esfuerzo que tendría que hacer la ejecución presupuestal en el último tramo del año. Según los cálculos de Asoblockchain, para cerrar 2026 con 80 % de la inversión reconocida para pago, entre septiembre y diciembre tendrían que avanzar $36,45 billones.
Eso implicaría un ritmo de aproximadamente $9,11 billones mensuales, equivalente a 2,05 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto.
El gremio aclara que ese cálculo no constituye una proyección de cierre de 2026 ni significa que necesariamente vaya a ejecutarse ese monto. Su propósito es dimensionar la aceleración que sería necesaria para alcanzar ese nivel de avance antes de terminar el año.
Con el monto del PGN 2027 ya aprobado por las comisiones económicas, el debate presupuestal entra ahora en otra etapa: definir cómo se distribuirán los recursos y qué resultados se espera obtener con ellos.
Para Asoblockchain, allí debería incorporarse una discusión adicional: no solo cuánto dinero recibe cada sector, sino cuánto de esos recursos logra convertirse efectivamente en obras, bienes y servicios.
El gremio propone que los ciudadanos puedan consultar proyecto por proyecto cuánto dinero fue aprobado, qué entidad está a cargo, cuánto se ha pagado, cuál es el avance y cuál es la fecha prevista de entrega.
También plantea utilizar tecnologías como blockchain para generar registros verificables sobre cambios en valores, fechas y responsables, aunque reconoce que esto tendría que estar acompañado de información confiable y controles institucionales.
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Hay incluso una cuenta adicional para 2027. Si la inversión lograra avanzar cinco puntos porcentuales adicionales sobre los $86,96 billones previstos, serían alrededor de $4,35 billones más recorriendo las etapas necesarias para convertirse en obras, bienes y servicios.
