Tras un proceso de sinceramiento de cuentas en el que el gobierno De la Espriella puso al descubierto gastos no contabilizados en el presupuesto por la administración anterior, el Ejecutivo anunció un ambicioso plan de recorte de alrededor de $40 billones que inicialmente fue bien recibido por el mercado, pero ahora genera dudas.
La preocupación de los analistas por un desbalance en las finanzas públicas se exacerbó estos días cuando presentaron sus proyecciones macroeconómicas y aseguraron que la estrategia del Gobierno es poco realista debido a las severas inflexibilidades presupuestales.
De hecho, consideran que, ante un recaudo tributario débil y un explosivo costo de la deuda, el Estado se verá inevitablemente abocado a buscar nuevas fuentes de ingresos permanentes para evitar un colapso fiscal.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que el crecimiento del presupuesto no responde a una expansión del gasto productivo ni a un mayor espacio para nuevas políticas, sino al pago de obligaciones acumuladas.
De hecho, las proyecciones de ingresos corrientes sufrieron una importante revisión a la baja: los ingresos tributarios cayeron en $10,7 billones frente a los cálculos iniciales, situando la carga tributaria en apenas el 14 % del PIB, su nivel más bajo desde 2019. Según el análisis, el menor recaudo en impuesto de renta (-$7 billones) e IVA (-$4,3 billones) refleja el menor ritmo de crecimiento económico y el impacto del terremoto.
Ante la falta de ingresos corrientes, el PGN 2027 compensa el descalce recurriendo masivamente a recursos de capital (deuda y préstamos), que se incrementaron en $100,2 billones hasta alcanzar los $281,4 billones.
Sin medidas adicionales de ajuste, el Observatorio Fiscal calcula que el déficit fiscal inercial alcanzará un alarmante 9,4 % del PIB y la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) se elevará al 66,2 % del PIB.
Christian Quiñonez, CEO de Clevertax, recordó que el Gobierno le apunta a un déficit del 7,5 % del PIB siempre y cuando se logre un recorte de gasto de $45 billones, es decir, a reducir la expectativa en 1,9 puntos. «No se puede recortar más el gasto porque es inflexible y para poder llegar a niveles de déficit cercanos o inferiores al 6 % lo que se debe hacer sí o sí es incrementar los ingresos o la deuda, pero como la deuda de hoy es gasto en el futuro, definitivamente hay que buscar nuevas fuentes de ingreso», explicó.
La trampa de la inflexibilidad y las dudas sobre el endeudamiento externo
Para mitigar este deterioro, el Gobierno anunció una Ley de Rescate Económico enfocada en recortar $45 billones de gasto. Sin embargo, la factibilidad de este ajuste es altamente cuestionado.
Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, advierte que entre el 80 % y el 85 % del presupuesto público es inflexible por mandato legal y constitucional (salud, pensiones, transferencias del SGP a regiones). Según el economista, la pretensión de recortar $45 billones chocará con una intensa resistencia política en el Congreso y reclamos regionales. Un ajuste más realista, sostiene, se ubicaría entre los $21 billones y $22 billones.
“Históricamente, lo que hemos conseguido vía ingresos es un uno y pico del PIB, vía recorte debería ser lo mismo, al final es la misma historia”, dijo Jalil. También señaló que como las situaciones de inflexibilidad fiscal están generadas por leyes, se deben corregir con leyes: “El Gobierno debería estar en capacidad de sentarse con los congresistas y señalar qué le está generando inflexibilidades. Pero el Congreso no va a probar de aquí a diciembre todos esos cambios, es un proceso que se va a demorar”.
Además, BTG Pactual cuestiona la estrategia de financiación. Para cubrir el PGN 2027, el Ejecutivo prevé colocaciones de deuda externa por unos $88 billones (US$26.000 millones). La lectura de los inversionistas internacionales es tajante: los mercados privados no absorberán tal volumen de deuda sin el respaldo y la condicionalidad de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, cuyos trámites son lentos y exigen reformas estructurales.
Consenso de analistas: la necesidad de nuevos ingresos
Los departamentos de investigaciones económicas de los principales bancos concuerdan en que la consolidación fiscal requerirá más que austeridad en el gasto.
Bancolombia, que proyecta un crecimiento del PIB de 2,4 % para 2027, anticipa que el déficit fiscal se ubique en 7,9 % del PIB siempre y cuando se haga un ajuste efectivo de $30 billones (1,5 % del PIB). No obstante, la entidad enfatizó que para garantizar la sostenibilidad a largo plazo será imprescindible realizar esfuerzos adicionales por el lado del ingreso, revisando beneficios tributarios y mejorando la eficiencia del recaudo.
Por su parte, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, señaló que Colombia no podrá resolver su descuadre solo recortando gasto, sino que deberá retomar un ajuste integral que incluya mayores ingresos tributarios.
Incluso Bank of America interpreta las cifras iniciales del Gobierno como una estrategia de prometer poco para dar sorpresas positivas al mercado (underpromise to overdeliver). Aunque proyecta un déficit primario base de 2,5 % para 2027 y mantiene una recomendación de overweight para la deuda externa colombiana, recalca que la consolidación proyectada de 4,1 pp del PIB a cuatro años depende de una mezcla de 70 % recorte de gasto y 30 % medidas de ingreso (como la reducción de exenciones a contribuciones patronales y la ampliación de la base gravable).
El Presupuesto de 2027 deja al descubierto la encrucijada de la política fiscal colombiana. Para los expertos, confiar en que un recorte de $45 billones resolverá el déficit es ignorar las rigideces constitucionales del gasto y la realidad política del país.
Con una deuda pública cuyo servicio devora los recursos de inversión y un mercado internacional reacio a financiar apetitos desmedidos de endeudamiento sin condiciones, la conclusión técnica le apunta a que el Gobierno se verá obligado a impulsar medidas de generación de ingresos para evitar un mayor deterioro de la credibilidad macroeconómica del país.
