Los gremios energéticos pusieron sobre la mesa un paquete de propuestas para crear condiciones más “favorables” para la inversión en Colombia. Entre ellas, plantearon que la Ley de Rescate elimine la sobretasa de renta para la extracción de petróleo, que puede sumar 15 puntos porcentuales a la tarifa general de 35 %. También señalaron la necesidad de establecer un régimen jurídico y tributario estable para las grandes inversiones.
Según organizaciones como la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), la Asociación Colombiana de Geólogos, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), en 2026 la tarifa del impuesto sobre la renta para la actividad petrolera podría llegar a 50 %, frente a una tarifa promedio de 21 % en América Latina.
“Esta diferencia, así como la inestabilidad de la tarifa, que varía anualmente, impacta la capacidad del país para atraer capital de riesgo necesario para desarrollar proyectos de hidrocarburos. La alta carga tributaria puede desincentivar nuevas inversiones, limitar la ejecución de proyectos y profundizar la caída en producción”, señalaron.
Frente a la necesidad de establecer reglas claras, las organizaciones manifestaron que las inversiones en el sector energético se realizan a largo plazo. Por ello, contar con condiciones conocidas de antemano y estables en el tiempo es esencial para este tipo de proyectos.
Como ejemplo, mencionaron que Argentina creó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Este mecanismo otorga beneficios aduaneros, tributarios y cambiarios por tres décadas, además de una tarifa del impuesto sobre la renta del 25 %. Agregaron que, a septiembre de 2026, el RIGI sumaba 23 proyectos aprobados por US$49.766 millones. Según los gremios, la tarifa de renta para la extracción petrolera en Colombia se ubica entre 10 y 25 puntos porcentuales por encima de la establecida en ese régimen.
“El país produce 27 % menos petróleo y 32 % menos gas que en 2015. Además, el gas importado ya representa cerca de un tercio del volumen comercializado y Colombia completa más de cuatro años sin firmar un contrato de exploración. En su mejor momento, el sector aportó al Gobierno cerca de $48 billones anuales, a precios de 2025. El año pasado esa contribución fue de $13,6 billones, menos de la tercera parte, sin incluir las regalías que perciben las regiones, que ascendieron a $6,98 billones”, dijo Nelson Castañeda, presidente de Campetrol.
Por otro lado, según estimaciones de la ACP, si la exploración petrolera y gasífera se limita a los contratos vigentes, Colombia dejaría de recibir cerca de $40 billones entre 2027 y 2035. A esto se suma que, mientras en 2013 los dividendos de Ecopetrol y los derechos económicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fueron de aproximadamente $47,6 billones, a precios de 2025, en 2025 ese monto fue de $13,6 billones.
“Pedimos que la ley establezca plazos ciertos para los trámites, con términos perentorios y una ruta articulada para los procesos de licenciamiento y consulta previa que reduzcan los tiempos muertos y armonicen los requisitos socioambientales con las necesidades operativas, manteniendo el rigor ambiental”, señalaron.
Las organizaciones enfatizaron que, de cada peso generado por el sector, 56 centavos corresponden a compras a proveedores. Además, señalaron que estas actividades tienen impacto en alrededor de 39 % de las ramas de la actividad económica colombiana. En ese sentido, manifestaron que, si Colombia implementa una medida similar al RIGI, se podría destinar al menos 20 % de la inversión a proveedores de origen local, siempre que exista una oferta competitiva.
“La ley de rescate no debe limitarse a resolver necesidades fiscales de corto plazo. Si se apoya en la ingeniería nacional, puede convertirse en una agenda de empleo calificado, productividad y desarrollo para las regiones”, dijo Carlos Arturo Cárdenas, presidente de Aciem.
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Finalmente, estas organizaciones realizarán la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Cartagena. El evento tendrá lugar mientras avanza la ley de rescate del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Los gremios agregaron que pondrán a disposición su experiencia, información y propuestas para que el ajuste fiscal contribuya a atraer inversión, fortalecer la seguridad energética e impulsar el crecimiento económico.
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