El Ministerio de Hacienda oficializó el esperado ajuste al gasto público mediante la expedición del Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 (disponible al final de este texto), con el cual reduce en $13,8 billones (equivalentes al 0,7 % del PIB) el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Sin embargo, la cifra final encendió el debate macroeconómico pues no alcanzó la meta de $21,9 billones que el propio jefe de la cartera, Miguel Gómez, anunció públicamente tan solo unas semanas atrás.
Ante los cuestionamientos por el menor valor ejecutado, el Ministerio de Hacienda defendió la medida argumentando que el ajuste se enfocó estrictamente en eliminar gastos no indispensables, la reducción de contratos de prestación de servicios y la suspensión de procesos de contratación con planeación desfasada, garantizando en todo momento la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía.
De hecho, Gómez enfatizó en que el decreto constituye la primera fase del plan de saneamiento de las finanzas públicas en medio del propósito de corregir el desfinanciamiento presupuestal heredado de la administración anterior.
“Este es el primer paso para cumplir el compromiso del presidente Abelardo de la Espriella de reducir el gasto del Estado (…). Este primer recorte —habrá otro— comprende ajustar los gastos a los ingresos reales del país”, afirmó el ministro.
Sin embargo, el analista Cristian Quiñonez, CEO de la firma Clevertax, señaló que el Gobierno ha venido reduciendo paulatinamente su nivel de ambición a medida que choca contra la realidad operativa del Estado. Y recordó que inicialmente la promesa era hacer un recorte de $45 billones, antes de asumir el mando.
“Con el paso de los días, el Gobierno se va dando cuenta de lo que realmente puede tocar y lo que no, reconociendo la enorme inflexibilidad del gasto público”, explicó, al tiempo que calificó la cifra de $13,8 billones como «insuficiente e ineficiente» para equilibrar las cuentas.
Finalmente, advirtió que, ante proyecciones de recaudo de la DIAN sumamente optimistas para las próximas vigencias, el país se arriesga a enfrentar un déficit proyectado por encima del 9 % si no se logra una reducción efectiva cercana a los $45 billones.
Lo prometido vs. lo ejecutado
Vale la pena recordar que, a finales de agosto, durante la Convención Bancaria de Asobancaria y el Consejo de Ministros, el ministro Miguel Gómez anunció un apretón fiscal de $21,9 billones (alrededor de 1,1 % del PIB) aplicable a la vigencia 2026 y dijo que este saldría de todos los rubros del presupuesto aprobados para el año.
En su momento, la cartera justificó la necesidad de un recorte de esa magnitud bajo la meta de reducir el déficit fiscal en un punto porcentual, pasando 8,2 % al 7,2 % del PIB al cierre de 2026 y dado que, sin un ajuste drástico, la deuda pública alcanzaría un nivel insostenible del 82 % del PIB al finalizar el cuatrienio.
Incluso se advirtió que $1 de cada $3 recaudados por impuestos se está destinando exclusivamente al pago de intereses de la deuda.
El Decreto 1585 de 2026 distribuyó la tijera presupuestal en tres grandes frentes macroeconómicos: En inversión pública se recortaron $6,8 billones, correspondientes a contratos que no alcanzaban a ejecutarse en la vigencia o que no fueron clasificados como prioritarios; en servicio de la deuda se redujeron $4 billones y en gastos de funcionamiento se restaron $3 billones, concentrados en la tijera a contratos de prestación de servicios y compras operativas de bienes.
Desde otra perspectiva, aproximadamente $5,78 billones (el 42 % del ajuste total) se concentraron en diez entidades clave: la Aeronáutica Civil ($949.143 millones) , la Registraduría Nacional del Estado Civil ($775.000 millones), la Rama Judicial ($696.496 millones), la Agencia Nacional de Infraestructura ($393.306 millones), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ($366.845 millones), el Ministerio del Trabajo ($269.814 millones), el Ministerio del Interior ($261.862 millones) y la Fiscalía General de la Nación ($260.600 millones).
A este bloque se sumaron recortes significativos en la Superintendencia de Notariado y Registro ($258.610 millones), el propio Ministerio de Hacienda ($251.880 millones), el Departamento Nacional de Planeación ($249.550 millones), la Presidencia de la República ($191.670 millones), el Ministerio de Minas y Energía ($180.860 millones), la Procuraduría General ($160.000 millones), la Agencia Nacional de Hidrocarburos ($155.380 millones) y la Superintendencia Nacional de Salud ($117.580 millones).
Consulte el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 aquí
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