La admisión de Accedo Colombia S.A.S. a un proceso de reorganización empresarial será objeto de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Las dudas se concentran en la documentación que permitió el ingreso de la compañía al régimen de insolvencia y en los efectos que la decisión tuvo sobre procesos ejecutivos, medidas cautelares y recursos de acreedores.
Los afectados buscan establecer qué controles se aplicaron, por qué algunas inconsistencias no impidieron la admisión y determinar si funcionarios de la Superintendencia de Sociedades incurrieron en omisiones durante la revisión del expediente.
Accedo radicó la solicitud de reorganización el 8 de julio de 2026. Tras un requerimiento para complementar la información, la Superintendencia de Sociedades admitió a la compañía el 25 de agosto, mediante una decisión suscrita por Andrés Felipe Torres Mesa, entonces coordinador del Grupo de Admisiones. Según información entregada posteriormente a los interesados, el funcionario ya no está vinculado a la entidad.
Documentos y cifras bajo cuestionamiento
Uno de los puntos que serán puestos en conocimiento de la Fiscalía aparece en el propio auto de admisión. En la verificación del requisito relacionado con las obligaciones fiscales de Accedo, el documento reproduce una certificación expedida a nombre de Soluciones Integrales TMT S.A.S., una sociedad diferente. Pese a ello, el requisito quedó registrado como cumplido.
También hay cuestionamientos sobre la información financiera y las obligaciones entre Accedo y Personal Contact. En enero de 2025, Accedo reconoció mediante una transacción obligaciones por $3.297 millones, de los cuales $3.127 millones correspondían a Personal Contact.
Sin embargo, documentos contables examinados posteriormente registran a Personal Contact como presunta deudora de Accedo por cerca de $3.213 millones.
A esto se suma una garantía mobiliaria superior a $10.509 millones constituida a favor de Personal Contact. Según los interesados, en las copias revisadas de documentos relevantes del proceso concursal no se encontró al acreedor identificado por su nombre o NIT.
Los análisis técnicos disponibles advierten que la documentación examinada no permite concluir que Personal Contact sea deudora neta de Accedo. Por ello, señalan que es necesario revisar los soportes primarios para establecer la existencia, el origen y la exigibilidad de las cuentas por cobrar cuestionadas.
Otro frente corresponde a las diferencias entre la información financiera reportada por Accedo y los datos consultados en DataCrédito. En sus estados de resultados, la compañía registró ingresos operacionales por $30.636 millones en 2025, mientras que el apartado de pérdidas y ganancias del reporte comercial consultado muestra ventas e ingresos operacionales por $1 millón, cifra que el documento expresa en miles de pesos.
Las diferencias también aparecen en las obligaciones financieras y las cuentas por cobrar. El reporte de DataCrédito registra endeudamiento global clasificado con Banco de Occidente por $2.060 millones, Banco de Bogotá por $2.332 millones y Leasing Bancolombia por $4.096 millones, para un total de $8.490 millones.
En contraste, el inventario de activos y cuentas por cobrar de Accedo, con corte al 30 de junio de 2026, incluye saldos a favor de la compañía frente a Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco de Occidente por aproximadamente $16.697 millones. Los valores reportados corresponden a $9.422 millones, $3.961 millones y $3.313 millones, respectivamente.
Estas diferencias deberán ser contrastadas con los documentos contables y comerciales correspondientes para determinar su origen y alcance. Por sí solas, no establecen la existencia de una irregularidad ni permiten atribuir responsabilidades.
La cronología del trámite también forma parte de los cuestionamientos. Entre la radicación de la solicitud, el 8 de julio, y la admisión, el 25 de agosto, transcurrieron 48 días calendario. De ese periodo, 33 días pasaron entre la presentación inicial y la respuesta al requerimiento de información, fechada el 10 de agosto, mientras que los 15 restantes transcurrieron entre esa respuesta y la admisión.
La controversia tuvo un nuevo episodio esta semana, cuando una diligencia convocada para esclarecer documentalmente los hechos fue reprogramada a solicitud de Accedo.
¿Qué buscará establecer la denuncia?
Los afectados preparan una denuncia penal para que la Fiscalía determine si existieron conductas u omisiones con relevancia penal por parte de particulares o servidores públicos. La investigación buscaría establecer quién elaboró, certificó, presentó o utilizó la documentación cuestionada y qué funcionarios intervinieron en las decisiones del proceso de reorganización.
“Vamos a pedir que la Fiscalía establezca cómo se revisó este expediente y si existieron omisiones penalmente relevantes. Hay decisiones que, frente a las inconsistencias que hoy conocemos, resultan extrañamente rápidas y ligeras para una autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales y tiene un deber reforzado de diligencia”, afirmó el abogado Mauricio Pava.
El abogado agregó que la investigación deberá individualizar las responsabilidades y determinar si, de acuerdo con las funciones de cada servidor público, existían deberes jurídicos de actuación cuyo eventual incumplimiento pueda tener relevancia penal.
Así las cosas, será la Fiscalía la encargada de evaluar los hechos, recaudar las pruebas y determinar si hay mérito para avanzar en una investigación formal. Valora Analitik contactó a la Superintendencia de Sociedades para recoger su posición frente al caso, pero no r
