Luego de casi un año de estudio de la reforma pensional, la Corte Constitucional estableció los plazos que deberán cumplirse para que entre en funcionamiento el nuevo modelo de jubilación en Colombia. La decisión marca el inicio de una etapa clave para la implementación de la iniciativa, que contempla cambios en la distribución de los aportes de los trabajadores y en la administración de los recursos destinados al sistema público de pensiones.
De acuerdo con el calendario establecido, la reforma deberá comenzar a regir el 1 de abril de 2027. Para esa fecha, las entidades involucradas deberán tener definidos los procedimientos técnicos y operativos que permitan distribuir las cotizaciones de los trabajadores entre los componentes del sistema, así como poner en marcha el mecanismo encargado de administrar el ahorro que recibirá Colpensiones.
En medio de este proceso, el Ministerio del Trabajo informó, a través de su cuenta oficial en X, sobre los avances de la sesión del Comité Operativo de Transición. Durante el encuentro se evaluaron aspectos tecnológicos y normativos, además del cronograma de pruebas previsto para los próximos meses, con el propósito de garantizar que las entidades puedan adaptarse a las nuevas disposiciones antes de la entrada en vigor de la reforma.
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Según explicó la cartera laboral, uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación del calendario de pruebas programadas para diciembre de 2026 y enero de 2027. Estas actividades estarán enfocadas en verificar el intercambio de información entre las administradoras de pensiones y los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).
El objetivo es comprobar que los sistemas tecnológicos puedan comunicarse correctamente y procesar la información relacionada con las cotizaciones, sin alterar el funcionamiento habitual del recaudo de los aportes de los trabajadores y empleadores.
La coordinación también involucra al Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), los operadores de la PILA, los fondos de pensiones y el Banco de la República, entre otras entidades.
El Ministerio del Trabajo señaló que las reuniones permiten avanzar en la articulación técnica, hacer seguimiento a los compromisos adquiridos y establecer los ajustes necesarios para completar la transición.
De esta manera, las pruebas previstas para finales de 2026 y comienzos de 2027 serán determinantes para identificar posibles fallas en los procesos de intercambio de información y corregirlas antes de la fecha de implementación.
