El periodo de sesiones ordinarias del Congreso termina el próximo 16 de diciembre. El Gobierno de Abelardo de la Espriella llega a esa fecha con resultados en seguridad y en presupuesto, pero con su iniciativa económica más importante todavía en negociación.
La Ley de Rescate Fiscal concentra la atención. La iniciativa busca estabilizar las finanzas públicas mediante un ajuste fiscal cercano a los $44,6 billones para 2027, combinando recortes en el gasto estatal con modificaciones tributarias.
Pero ha recibido críticas de la oposición e incluso de bancadas cercanas al Gobierno. El Ejecutivo pidió mensaje de urgencia e insistencia, que permite sesiones conjuntas de las comisiones económicas y discusión paralela en las plenarias.

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Un análisis de la firma Orza advierte que la iniciativa tiene un cronograma muy apremiante en el Congreso. Históricamente entre 2010 y 2026, las reformas tributarias tardaron entre 33 y 85 días solo en presentar la ponencia de primer debate.
Al apretado calendario se suman los tiempos constitucionales obligatorios del trámite en el Congreso. Entre el primer y segundo debate deben transcurrir al menos ocho días, más quince días entre el paso de una cámara a otra.
Por ello, el reporte señala que «la concertación del articulado entre el Ministerio de Hacienda, los coordinadores y los ponentes será fundamental para conseguir un texto con mayorías». Dicha negociación toma un mes.
Aunque 59 de los 90 integrantes de las cuatro comisiones económicas pertenecen a partidos oficialistas, aún se discute si el proyecto debe tramitarse en comisiones conjuntas o en las terceras.

El 11 de noviembre, el Ministerio de Hacienda informó que comenzaron las mesas de trabajo entre el Gobierno y el Congreso para discutir la Ley de Rescate Económico. La primera reunión se realizó con la bancada oficialista y estuvo encabezada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
Esta semana, tras reunirse con bancadas, el Gobierno acordó ampliar el número de ponentes. El posible aumento del IVA fue el principal punto de fricción. Algunos expertos consideran que podrían necesitarse sesiones extraordinarias.
Con el 16 de diciembre como fecha límite del periodo ordinario, el Gobierno Nacional tendrá que concentrar sus esfuerzos en conseguir acuerdos para la reforma fiscal y definir cuáles iniciativas pueden completar su trámite. Las mesas de concertación con las bancadas serán determinantes, pero el calendario legislativo y las diferencias sobre el contenido de los proyectos mantienen abierta la posibilidad de que parte de la agenda del Ejecutivo se traslade a 2027.
Otras propuestas del Gobierno Nacional
Hay avances en otros frentes. El 4 de noviembre fue sancionada la Ley 2640, que crea un marco para el sometimiento de actores armados ilegales y el desmantelamiento de estructuras criminales.
La ley antitrámites, que simplifica gestiones para crear empresas, registrar propiedades y adelantar trámites urbanísticos, superó las comisiones sextas conjuntas y espera segundo debate en las plenarias.
En materia presupuestal, las comisiones económicas aprobaron en primer debate el presupuesto de regalías 2027-2028 por $27,54 billones, un 11 % menos que el bienio anterior.
También aprobaron una adición al presupuesto de 2026 por $3,8 billones, pensada para atender el terremoto y la crisis energética en el Caribe. Ambos proyectos esperan segundo debate.
El Presupuesto General de 2027 tuvo un desenlace distinto. El Congreso aprobó $634,95 billones, pero el Gobierno terminó expidiéndolo por decreto porque el texto espejo tenía un error. Quedaron por fuera cerca de $3 billones para salud y recursos adicionales para educación y subsidios de energía y gas.
Otras iniciativas del Ejecutivo quedarían para 2027. La ley antimermelada, radicada el 15 de octubre, es una reforma constitucional que exige ocho debates en dos vueltas, cuatro por legislatura. Todavía no ha entrado en la agenda de las comisiones primeras.
Al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le corresponde articular la coalición y definir qué propuestas avanzan y cuáles se aplazan en las semanas que quedan.



