Bancolombia realizó hoy en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá un panel con expertos como parte de su Cátedra Bancolombia, en el cual se analizó el reciente laudo arbitral que declaró la nulidad del contrato de concesión del proyecto Ruta del Sol 2 y que determinó el resultado económico de su liquidación, el cual contó con la participación de Rafael Rincón, árbitro nacional e internacional de diversos centros de conciliación; Manuel Quinche, socio de Brigard Urrutia y Germán Arce, presidente de Asofiduciarias.
Los expertos analizaron los efectos de la decisión en los proyectos en curso, teniendo en cuenta la importancia del programa de 4G como motor de desarrollo y competitividad del país.
Los panelistas coincidieron en que el laudo arbitral falló en derecho al declarar la nulidad del contrato de concesión, teniendo en cuenta que el Estado colombiano no puede permitir la continuidad de un contrato obtenido de forma irregular mediante actos ilícitos de corrupción y que dicho mensaje desde la institucionalidad que representa la justicia debe ser oído por la sociedad para que este tipo de hechos no se repitan.
Rincón mencionó que es importante que el Estado colombiano considere algunos ajustes a su legislación con el fin de lograr que la terminación anticipada de contratos procurados por medio de corrupción no entorpezca u obstaculice el desarrollo de los proyectos u obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo del país.
Así mismo, planteó que existe la posibilidad de que el laudo arbitral pueda ser anulado parcialmente. En particular, expresó que el Consejo de Estado podría encontrar que ciertos apartes del laudo corresponden a un fallo en equidad o en conciencia, en lugar de una decisión en derecho, toda vez que en su opinión los árbitros no siguieron de forma estricta los criterios previstos en la Ley 1882 de 2018. Asimismo, dijo que existe un riesgo con respecto a ciertos pronunciamientos que afectaron directamente los intereses de los terceros de buena fe que fueron oídos en el proceso como coadyuvantes, lo cual le permitía inferir que posiblemente existirán otros litigios derivados de esta controversia, por lo que en su opinión aún no se puede hablar de un caso cerrado.
En tanto, Quinche manifestó la importancia de ver la experiencia en otros países en el que los corruptos han pagado por sus actos y parte de ese pago ha consistido precisamente en terminar las obras. Agregó que el laudo genera dudas que pueden terminar afectando las decisiones de inversionistas en infraestructura y, al afectarse la inversión, puede estarse afectando el ritmo que requiere el desarrollo de infraestructura en Colombia.
Por su parte, Arce recordó que en su paso por el Ministerio de Hacienda, como director de Crédito Público, estuvo presente en varias de las discusiones que se dieron para la estructuración del programa de 4G, y enfatizó que en este tipo de contratos, a diferencia de las generaciones pasadas, el Estado remunera las unidades funcionales en operación, de tal manera que la distribución de riesgos en estos contratos son muy distintos a los de 3G, razón por la cual algunas de las situaciones que se evidenciaron en Ruta del Sol 2 no deberían pasar en este tipo de contratos.
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