En Bogotá, pagar impuestos hace parte de la vida financiera de millones de ciudadanos y empresas, pero no todos enfrentarían de la misma manera los cambios que se discuten para el próximo año. Mientras algunos sectores podrían asumir nuevas tarifas, otros tendrían acceso a descuentos, exenciones o mayores plazos para ponerse al día con sus obligaciones.
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Ese es precisamente uno de los puntos que está en discusión alrededor del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, iniciativa con la que la Administración Distrital busca modificar diferentes elementos del régimen tributario de Bogotá, incentivar la inversión y la generación de empleo y optimizar el recaudo de los impuestos de la ciudad. El proyecto plantea cambios en tributos como el ICA y el predial, además de una nueva sobretasa para financiar el alumbrado público.
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En medio de ese debate, el concejal Juan Manuel Díaz presentó una serie de propuestas para modificar algunos de los planteamientos de la Administración. El objetivo, según su planteamiento, es que la reforma tenga en cuenta las diferencias entre actividades económicas y que algunos beneficios lleguen a sectores considerados estratégicos para Bogotá.
Las propuestas incluyen cambios para hoteles, restaurantes, bares y el sector del libro, modificaciones en la financiación de Bomberos, beneficios para inmuebles donde funcionan unidades de atención a la primera infancia, más tiempo para acceder a alivios tributarios e incentivos para la conservación de zonas de interés patrimonial.
Cambios en el ICA para hoteles, restaurantes y bares
Uno de los puntos que podría tener un efecto directo sobre las empresas está relacionado con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). El Proyecto de Acuerdo 724 plantea actualmente una tarifa de 13 por mil para actividades que incluyen servicios de restaurante, cafetería, bar, catering, discoteca y similares, además de hoteles, moteles, hospedajes y servicios de vigilancia.
La propuesta de Díaz busca que no todos estos negocios queden sometidos a la misma tarifa. Su planteamiento establece 13 por mil para hoteles, 12 por mil para restaurantes y 11 por mil para bares.
La discusión tiene una razón económica: aunque hoteles, restaurantes y bares están vinculados con actividades como turismo, gastronomía y entretenimiento, sus estructuras de costos, márgenes y dinámicas comerciales no son iguales.
De aprobarse esta modificación, el tratamiento tributario del ICA tendría una diferenciación mayor entre las tres actividades, en lugar de aplicar una misma tarifa de 13 por mil.
El proyecto, en su versión actualmente planteada, establece que las nuevas tarifas del ICA comenzarían a aplicarse a los contribuyentes con declaración anual desde el 1 de enero de 2027, mientras que para quienes declaran bimestralmente entrarían a operar desde el bimestre siguiente a la aprobación del acuerdo.
El sector del libro también busca conservar una tarifa diferencial en Bogotá
Otro de los cambios propuestos apunta al sector editorial y comercial relacionado con los libros. El proyecto establece actualmente distintas tarifas para las actividades industriales, comerciales y de servicios. En el caso de la edición y publicación de libros, la tarifa contemplada es de 8 por mil, mientras que determinadas actividades de comercio de textos escolares y libros tienen una tarifa de 4 por mil.
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La propuesta de Díaz busca mantener una tarifa diferencial de 4 por mil para el sector del libro, con el argumento de que la actividad no debería tratarse bajo una lógica de normalización tributaria que desconozca su impacto económico y cultural.
El alcance de esta discusión no se limita a las librerías. La cadena involucra también editoriales, imprentas, distribuidores y otros actores que participan en la producción y circulación de libros en la capital.
Bomberos tendría un cambio en el umbral de la sobretasa
Otra de las modificaciones planteadas toca directamente una fuente de financiación del servicio de Bomberos de Bogotá. El proyecto establece actualmente que serán responsables de la sobretasa bomberil las personas naturales o jurídicas responsables del ICA cuyos ingresos netos del respectivo año gravable sean iguales o superiores a 43.498 UVT.
Díaz propone reducir ese umbral a 38.000 UVT para la práctica de anticipos bimestrales de la sobretasa, con el propósito de ampliar y hacer más estable el flujo de recursos destinados al servicio bomberil.
El argumento detrás de la propuesta es que la financiación no solo debe responder después de una emergencia, sino permitir que la ciudad mantenga capacidad operativa para atenderla.
Según la información entregada por el concejal, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 41.297 servicios durante 2025, entre incendios, rescates, accidentes, inundaciones, emergencias con materiales peligrosos, incendios forestales y otras situaciones.
El planteamiento busca que esa capacidad de respuesta cuente con una fuente de recursos más estable, especialmente frente a emergencias que pueden requerir simultáneamente personal, vehículos, equipos especializados y entrenamiento.
Beneficio de predial para inmuebles de primera infancia
La discusión también contempla beneficios que pueden impactar a propietarios de inmuebles utilizados para prestar servicios sociales. El Proyecto de Acuerdo 724 plantea una exención del 50 % del impuesto predial durante cuatro años para predios de particulares donde funcionen Unidades de Servicio del ICBF dedicadas a la atención integral de la primera infancia bajo las modalidades familiar y comunitaria.
La propuesta de Díaz busca ampliar ese beneficio a cinco años, es decir, agregar una vigencia adicional. De acuerdo con la exposición de motivos citada en la propuesta, el costo fiscal estimado de este beneficio sería cercano a $200 millones, por lo que se plantea como un alivio focalizado para inmuebles que cumplen una función relacionada con la atención de niños y niñas.
Más tiempo para acceder a los alivios tributarios en Bogotá
Otro de los cambios tiene que ver con los contribuyentes que tienen obligaciones pendientes con el Distrito. El artículo 7 del proyecto plantea que quienes tengan obligaciones tributarias distritales pendientes puedan descontar 50 % de los intereses y sanciones causados, siempre que paguen el 100 % del capital y el 50% restante de intereses y sanciones a más tardar el 18 de diciembre de 2026.
Para las sanciones por no enviar información también se plantea un descuento del 50 %, bajo las condiciones establecidas en el proyecto. La propuesta del concejal busca llevar el plazo hasta el 21 de diciembre de 2026, otorgando tres días adicionales a los contribuyentes para acogerse a los alivios.
Además, plantea ampliar el alcance hacia determinadas obligaciones no tributarias, así como establecer tratamientos específicos para determinadas multas de tránsito y acuerdos de pago. El proyecto también establece que, para acceder al alivio, el pago debe realizarse en un solo momento.
La propuesta también introduce una dimensión patrimonial. Díaz plantea una exención del 100 % del impuesto de delineación urbana durante cinco años para determinados proyectos de adecuación, ampliación, modificación o reforzamiento estructural que cumplan los requisitos establecidos y estén ubicados en zonas protegidas.
El Proyecto de Acuerdo ya contempla un beneficio de este tipo para proyectos localizados en áreas cobijadas por el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y el PEMP de Teusaquillo.
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La propuesta busca extender este enfoque a sectores con valor patrimonial, incluyendo las plazas fundacionales de Usaquén, Bosa, Suba, Usme, Engativá y Fontibón, además de las áreas correspondientes al Centro Histórico y Teusaquillo.
La intención es que la política tributaria sirva también como incentivo para que propietarios puedan intervenir, recuperar y conservar inmuebles que hacen parte del patrimonio urbano de Bogotá.
