El presidente Gustavo Petro a ya firmó el decreto que convoca a una consulta popular, el cual será enviado a la Corte Constitucional para su revisión.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Este solo se derogará antes de realizarse si los puntos que se le plantean al pueblo, como expresión de su poder constituyente, son aprobados por el Congreso, órgano constituido y legítimo para legislar”, expresó el mandatario a través de sus canales oficiales.
La firma del decreto se produce en medio del último debate en el Senado para la aprobación de la reforma laboral. En este contexto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló en su cuenta de X: “El presidente con el decreto lanza un mensaje claro de diálogo para la plenaria del Senado. Se expide hoy porque la ley da plazo hasta las 12 de la noche. El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar para restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora”.
Benedetti también advirtió que, para que el decreto sea derogado, deben mantenerse inamovibles ciertas bases de la reforma, como la prohibición del pago por horas, la preservación de los beneficios del SENA y el pago dominical al 100 %.
En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también dejó abierta la posibilidad de derogar el decreto si se aprueba la reforma laboral, pero bajo ciertas condiciones. Explicó que el presidente Petro ha planteado siete preocupaciones fundamentales, las cuales han sido comunicadas a los miembros del Congreso. “Tienen que ver con líneas rojas que el Gobierno considera esenciales para una reforma laboral democrática y con justicia laboral”, afirmó. Además, Sanguino subrayó que la consulta popular goza de todas las garantías legales para su desarrollo.
El decreto emitido por el Gobierno justifica la convocatoria señalando que el Senado negó el concepto favorable requerido para la consulta mediante un procedimiento que el Ejecutivo considera viciado e inconstitucional. Según el documento, no se permitió la lectura ni el debate de la proposición, la votación se cerró de manera abrupta y no se dio trámite a las apelaciones. Por ello, el presidente Petro invoca la excepción de inconstitucionalidad, amparado en el artículo 4 de la Constitución, para inaplicar la decisión del Senado por considerarla manifiestamente contraria a la Carta Política.
Asimismo, ante el vencimiento del plazo legal para emitir el concepto del Senado, el Gobierno se acoge al literal c del artículo 33 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que le permite convocar directamente la consulta cuando el Congreso no se pronuncia a tiempo.
