La presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, manifestó que este jueves 2 de julio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomará una decisión que podría contribuir a evitar un apagón en el país. La dirigente gremial hizo referencia a una acción popular promovida por Santiago Vernaza y Rafael Rincón contra la Nación y varias entidades del sector, proceso que cursa en dicho tribunal.
Según explicó, el objetivo es evitar problemas financieros al interior de la industria eléctrica colombiana, con la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Señaló que la medida permitiría que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cuente con los recursos necesarios para atender situaciones críticas dentro del sistema.
Entre los puntos mencionados está la situación de Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos en 2024. Desde entonces, sus deudas ascienden a cerca de $2,3 billones. Buena parte de esas obligaciones corresponde a pagos pendientes con los generadores térmicos, a los que la compañía no les ha cumplido.
“Si esas deudas no se pagan, las térmicas no tendrán caja para comprar gas, carbón y combustibles líquidos, ni para asumir los costos asociados a su operación. Y si las plantas de generación térmica no tienen caja, no van a poder entregar energía. Y si ello ocurre, Colombia se apaga”, expresó Gutiérrez.
A esta situación se suma que Colombia atraviesa un fenómeno de El Niño que, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), podría ser de alta intensidad y larga duración.
Esto ocasionaría una disminución en la capacidad de generación de las hidroeléctricas, que son la principal fuente de energía del país, lo que obligaría a depender en mayor medida de la generación térmica, que opera con gas, carbón y combustibles líquidos. Sin embargo, estas empresas enfrentan presiones de caja debido a las deudas acumuladas por Air-e.
Por ello, Gutiérrez insistió en que es urgente que el Fondo Empresarial reciba los recursos que debe girar el Ministerio de Hacienda, con el fin de respaldar a las empresas intervenidas, cuya administración está en manos del Estado, y evitar que las obligaciones sigan creciendo.
“Con el mayor respeto por la independencia judicial, el llamado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca es urgente, en el sentido de adoptar medidas oportunas en este proceso. Esto puede ayudar a contener la crisis, proteger la confiabilidad y evitar que el país se apague”, expresó la dirigente gremial.
Otros gremios también han advertido que las empresas del sector térmico podrían enfrentar serios problemas financieros en 2027. Según estimaciones del sector, Air-e podría adeudarles más de $3 billones al cierre de 2026.
Cuando el Gobierno intervino la compañía, sus deudas ascendían a cerca de $530.000 millones. Sin embargo, estas se han multiplicado y actualmente generan presión sobre el sector térmico colombiano. Frente a esta situación, el gobierno del presidente electo, Abelardo De la Espriella, ha manifestado su disposición de destinar recursos para respaldar a las empresas térmicas.
Entre ellos, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, ha señalado que estas plantas deben operar y que será necesario preservar los recursos hídricos para afrontar el fenómeno de El Niño que, según los pronósticos, podría extenderse hasta 2027.
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