Alertan sobre empresa que estaba captando dinero del público sin autorización: le contamos detalles 

La empresa asumió obligaciones con por lo menos 337 personas por un monto de $10.064 millones.

Pesos colombianos.
Pesos colombianos. Foto: tomada de istockphoto.com
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Este viernes, 3 de mayo del 2024, la Superintendencia Financiera de Colombia le ordenó a la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M S.A.S. suspender de manera inmediata las actividades que constituyen captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.

Lo anterior, se da debido a que la firma asumió obligaciones con por lo menos 337 personas por $10.064 millones sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio.

De acuerdo con la información entregada por la SuperFinanciera, la firma incluyó una promesa de rentabilidades en 25 días hábiles de hasta el 25 % sobre el valor entregado sin una explicación financiera razonable.

Más sobre la captación de dinero ilegal

Además, mencionó que esto supera el 50 % del patrimonio líquido de la sociedad.

“En efecto, se determinó que los pagos que hizo la sociedad a las personas que entregaron sus recursos no tienen justificación financiera razonable, ya que para 2021 el negocio generó pérdidas y para 2022 y 2023 los ingresos no eran suficientes para pagar las rentabilidades fijas que ofreció, capitalizó y pagó”, señaló el documento.

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Es de mencionar que el modelo de negocio se desarrollaba principalmente en los municipios de Turbo y Apartadó en el Urabá antioqueño.

El supuesto negocio tenía como principio la vinculación de terceros “asociados” y/o “socio oculto” a través de un denominado “contrato de cuentas en participación”.

“Cuyo objeto era recibir recursos de los suscriptores para hacerlos partícipes de los beneficios económicos generados por la empresa a partir de la comercialización de plátano”, se lee en otro aparte.

Además, de esta orden de la SuperFinanciera, la entidad le entregó una copia de la resolución a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía para impartir medidas y se adelanten las investigaciones en materia penal.

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