El más reciente informe de la ANIF lanzó una advertencia sobre los efectos del Decreto 0182 de 2026, una norma expedida por el Gobierno que reorganiza la operación territorial de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Según el centro de estudios, la medida —planteada como una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema— podría generar el efecto contrario: concentrar millones de afiliados en EPS que ya operan con dificultades financieras y operativas.
El análisis se da en medio de lo que ANIF describe como una de las coyunturas más críticas del sistema de salud colombiano desde su creación. De acuerdo con el informe, el patrimonio agregado de las EPS pasó de perder $0,3 billones en 2021 a $15,8 billones en noviembre de 2025, incluso sin los reportes de la Nueva EPS.
Al mismo tiempo, las quejas de los ciudadanos han aumentado de forma sostenida. Mientras en 2017 se registraban cerca de 10 reclamos por cada 10.000 afiliados, a cierre de 2025 la cifra llegó a 43 en el régimen contributivo y 23,7 en el subsidiado.
El impacto de la reorganización
El decreto establece un modelo de ordenación territorial que define cuántas EPS pueden operar en cada municipio y departamento, con el objetivo de generar economías de escala y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, el informe advierte que la evidencia no respalda la idea de que una mayor concentración de afiliados garantice mejores resultados. De hecho, en varios departamentos con mayor número de afiliados también se observan tasas más altas de quejas, lo que sugiere problemas estructurales en la prestación del servicio.
Además, la reorganización implicaría el traslado forzoso de millones de afiliados hacia las EPS que mantengan autorización en cada territorio.
Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de Nueva EPS. Según los cálculos de ANIF, esta entidad podría recibir alrededor de 2,7 millones de nuevos afiliados, especialmente en departamentos como Nariño y Caquetá, donde el número de usuarios podría incluso duplicarse.
La situación es particularmente delicada porque la Nueva EPS ya registra una de las tasas más altas de reclamaciones del sistema, con 441 quejas por cada 10.000 afiliados al inicio de 2026, indicador que ha aumentado en los últimos años.
Riesgos para los usuarios
Otro de los puntos críticos señalados por el informe es que, en municipios con menos de 20.000 habitantes, el decreto permitiría la operación de una sola EPS. En la práctica, esto podría limitar el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su asegurador.
Aunque los usuarios podrían solicitar un traslado después de 60 días, ANIF advierte que la medida podría convertir la libre escogencia en un derecho restringido y condicionado a la disponibilidad de cupos y redes de prestación en cada territorio.
Para el centro de estudios, el problema central es que la reorganización no corrige las fallas estructurales del sistema de salud, sino que podría trasladarlas y amplificarlas.
