El Gobierno calificó como un hecho histórico la laboralización del contrato de aprendizaje, lo que significa que los practicantes del SENA recibirán un pago por su trabajo y cotizarán a seguridad social. Sin embargo, analistas advierten que la decisión eleva los costos de contratación en más del 105 %.
El artículo incluido en la reforma laboral (número 23) les otorga a los aprendices del SENA un contrato laboral y establece que recibirán 75 % de un salario mínimo por sus funciones en etapa lectiva y el 100 % en etapa práctica, junto con una afiliación completa a salud, pensiones y riesgos laborales, y prestaciones tales como cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, y prima de servicios.
Según el MinTrabajo, hay más de 400.000 aprendices, en su mayoría jóvenes, que hoy se forman y trabajan en instituciones como el SENA. “Es la política más eficaz de primer empleo que ha tenido el gobierno y el estado colombiano”, dijo el titular de la cartera, Antonio Sanguino.
El ministro recordó que esta figura fue desmontada en 2002 con la Ley 789, a pesar de que la Recomendación 208 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece garantías como licencia de maternidad, libertad sindical y negociación colectiva para los aprendices.
“Hoy la dignidad de esos jóvenes se ha recuperado. Es una labor que se debe a la movilización que ellos iniciaron, por eso todo el reconocimiento a los aprendices del SENA y también a los sindicatos”, dijo el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, quien recordó que el presidente, Gustavo Petro, fue insistente en que se aprobara dicha propuesta.
Sin embargo, el centro de estudios económicos ANIF advirtió que incluir todas las prestaciones laborales tradicionales en un contrato de aprendizaje, que era una figura especial de vinculación laboral con fines formativos, hace que el salario de los practicantes pase de $1.075.027 a $2.204.727 mensuales, igual que el de un contrato laboral pleno.
“Al equiparar los costos de un aprendiz con los de un trabajador experimentado, las empresas perderán el incentivo económico para contratar jóvenes sin experiencia, optando por personal ya formado, generando implicaciones económicas significativas que amenazan la inserción laboral de los jóvenes, especialmente aprendices del SENA”, lamentó el centro de pensamiento.
Microempresas anticiparon dificultades en la implementación
El Observatorio Nacional de la MiPyme de ACOPI, en representación de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, también manifestó su preocupación por lo que llamó una desnaturalización del contrato de aprendizaje y un incremento del 12,5 % del salario para salud y riesgos laborales que recae plenamente sobre la empresa.
“Otorgarle carácter laboral al contrato de aprendizaje representa una desnaturalización de su esencia formativa, alineándolo más con relaciones de subordinación y producción que con procesos pedagógicos. Aunque la medida busca garantizar mayores derechos al aprendiz, este cambio podría distorsionar su propósito original, limitar su alcance en la formación técnica y tecnológica, y generar efectos contraproducentes en su implementación, especialmente en las MiPymes”, advirtió el gremio.
Por otro lado, lamentó que la cuota de monetización se incrementara en el 50%, al pasar de $1.423.500 a $2.135.250 por cada contrato de aprendizaje no suscrito. También se eliminó la disposición que eximía a las empresas de esta obligación cuando pudieran demostrar que, habiendo solicitado aprendices al SENA, la entidad no los había asignado.
Según el análisis de ANIF, el contrato de aprendizaje funcionaba como un puente estratégico entre la educación y el mundo laboral, caracterizado por su finalidad exclusivamente formativa y una estructura de costos diferenciada que beneficiaba tanto a estudiantes como a empresas.
Este cambio en la reforma laboral hace equivalente la contratación de un practicante a la de un trabajador regular con experiencia y formación profesional completa. “Cuando los costos de un aprendiz se aproximan a los de un trabajador experimentado, las empresas potencialmente optarán por la segunda alternativa, reduciendo oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral”, indica el análisis.
Los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2024 muestran que 4 de cada 10 contratos beneficiaban estudiantes SENA, 5 de cada 10 a universitarios en práctica profesional, y 1 de cada 10 a estudiantes de instituciones privadas de formación laboral, evidenciando el amplio uso de esta figura dentro la población estudiantil.
ANIF concluyó que esto compromete las oportunidades de primer empleo de millones de jóvenes, limitando a las empresas al cumplimiento mínimo de cuotas legales y reduciendo la contratación voluntaria.
