El Senado de la República aprobó este miércoles, en segundo debate, la reforma a la Ley 30 de 1992, con la que se busca redefinir la manera en que se calculan los recursos que el Estado transfiere a las universidades públicas del país.
La iniciativa, que ahora pasará a la Cámara de Representantes, representa un avance en un debate de vieja data: cómo garantizar un financiamiento suficiente y sostenible para las instituciones de educación superior (IES) oficiales.
El proyecto modifica los artículos 86 y 87 de la norma vigente, introduciendo un nuevo mecanismo de actualización de la llamada base presupuestal, es decir, el monto mínimo garantizado que reciben las universidades cada año. Hoy ese cálculo depende de la inflación (IPC), pero con la reforma se pretende utilizar el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), elaborado por el DANE, que refleja de manera más precisa los gastos reales de funcionamiento, salarios, matrículas e inversión.
En la práctica, con el nuevo modelo, los recursos se moverán al ritmo de los costos reales de las universidades y no de la inflación general del país. Además, la reforma establece que los aportes adicionales de la Nación crecerán en un porcentaje no menor al 70 % del PIB real, frente al 30 % que aplica hoy.
Voces a favor y en contra
El senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, destacó que el aval fiscal del Ministerio de Hacienda despeja dudas sobre la viabilidad de la propuesta. “Existe el espacio fiscal suficiente para financiar este ajuste. Es un triunfo del movimiento estudiantil y de las universidades públicas”, celebró. En contraste, la senadora Paloma Valencia advirtió que los compromisos financieros deben ser evaluados con cuidado: “La situación fiscal del país no permite asumir cargas que desconozcan la realidad de las finanzas públicas”.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, escribió en su cuenta de X: «Hoy se aprueba en plenaria del Senado, la ley para que el esfuerzo que ha hecho este gobierno para aumentar el presupuesto de las universidades e instituciones de educación superior públicas se mantenga y aumente aún más, independiente de los gobiernos que vengan. Ahora, de la mano del movimiento estudiantil, vamos por la aprobación en la Cámara».
Con la aprobación en Senado, la reforma superó el tramo más complejo de su trámite legislativo. Ahora, la Cámara de Representantes tendrá la última palabra sobre un proyecto que, de convertirse en ley.
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