El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó la ley que antecede la privatización de Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), una de las compañías eléctricas más importantes de la región, que dejará de ser mayoritariamente pública en los próximos meses.
En la actualidad, el 60 % de la compañía está en manos del Estado y esa participación descenderá al 45 %. Se trata de la empresa del sector más robusta de Suramérica, responsable del 44 % de la transmisión que consume Brasil y 30 % de la generación que ese país necesita.
De acuerdo con la ley publicada por el Gobierno, la privatización de Eletrobras se realizará en forma de aumento de capital, mediante suscripción pública de acciones ordinarias con renuncia al derecho de suscripción por parte del Gobierno Federal.
Igualmente, se otorgarán nuevas concesiones de generación eléctrica para un periodo de 30 años, lapso que se contará a partir de la fecha de la firma de los nuevos contratos. La contratación de generación termoeléctrica alimentada con gas natural será realizada por la autoridad otorgante,
En el documento se lee que el aumento del capital social de la empresa podrá ir acompañado de una oferta pública secundaria de acciones de propiedad del Gobierno Federal o de una sociedad controlada por este, de manera directa o indirectamente.
Ahora, la junta general de accionistas debe aprobar las condiciones trazadas por el ejecutivo para la privatización de Eletrobras, una medida encabezada por el ministro de Economía, Paulo Guedes, que plantea capitalizar ciertos bienes públicos bajo la premisa de que esto facilitará la llegada de inversiones a Brasil.
El proceso de capitalización contempla la reestructuración societaria para mantener bajo el control directo o indirecto del Gobierno Federal a Eletrobras Termonuclear S.A. e Itaipu Binacional, filiales de la compañía.
La norma busca prohibir también que cualquier accionista o grupo de accionistas privados tenga más de 10 % de las acciones con derecho a voto dentro de la compañía. Además, creará acciones preferentes de clase especial, propiedad exclusiva del Gobierno Federal.
—
