Como se anunció días atrás, los principales gremios del sector eléctrico y energético de Colombia están inconformes con las disposiciones que el Gobierno de Gustavo Petro tomó en el marco de la emergencia económica decretada en La Guajira y los efectos que esto conlleva para la industria y los consumidores.
Es por esto que los gremios Andesco, Acolgen, Andeg, SER Colombia, Naturgas, ANDI, Asoenergía, ACCE, Asocodis volvieron a enviar una carta al presidente Petro en la que muestran todos los efectos que trae consigo la firma del Decreto 12 76 de 2023 “Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética, con la finalidad de superar la crisis humanitaria y el estado de las cosas inconstitucionales o evitar la extensión de sus efectos, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en el departamento de La Guajira”.
Para las agremiaciones es clave la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía en La Guajira en tanto estos permitan, no solo la ampliación de la oferta y la diversificación de la matriz eléctrica del país, sino también el mantenimiento y creación de nuevos empleos en la región.
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Lea la carta completa aquí:
Así como la intensificación de las transacciones comerciales sucedáneas a los proyectos que generan riqueza para todos los habitantes y la atracción de nuevas inversiones para aumentar las condiciones de prosperidad de una región que “puede ser un polo de riqueza en los años por venir”.
Atraso de los proyectos golpea al sector energético y usuarios
De acuerdo con el intergremial “infortunadamente, y como también lo ha reconocido el Gobierno Nacional, la mayoría de dichos proyectos presentan atrasos significativos respecto a la fecha inicialmente planteada para su entrada en operación, y, por tanto, requieren soluciones urgentes sin afectar la atención de la demanda, el bolsillo de los colombianos o la seguridad jurídica”.
Las entidades se muestran preocupadas porque aseguran que las medidas definidas en dicho cuerpo normativo no son conexas, ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
“(…) no solucionan la ausencia de la infraestructura, ni el atraso en el desarrollo de los proyectos de energía, y, menos aún, las grandes dificultades sociales que se presentan en el departamento”, destacan los gremios.
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Éstos expresaron que la mayoría de las disposiciones previstas en el decreto generan un impacto negativo para todo el país, y específicamente para los usuarios del servicio de energía eléctrica.
Pues argumentan que se ocasionarán incrementos en las facturas, tanto por la suspensión de contratos de energía como por el aporte definido para el departamento.
“Con la modificación de las subastas de cargo por confiabilidad, se están realizando cambios estructurales al mercado de energía que también afectarán a los usuarios en el largo plazo, con injerencias en la libre competencia en la oferta, formación eficiente de los precios, seguridad jurídica de los prestadores y confianza de los inversionistas”, argumentan.
Añadieron que “lo anterior, en un momento en el que la atención segura de la demanda y la diversificación de la matriz energética requiere cada vez más de ellos”.
Para Andesco, Acolgen, Andeg, SER Colombia, Naturgas, ANDI, Asoenergía, ACCE, Asocodis, con la vía de emergencia se alteran las condiciones de sana y libre competencia, no solo respecto del proyecto a desarrollar en La Guajira, por su riqueza eólica y solar, sino en general para toda Colombia.
Por tal razón, y en línea con el objetivo de garantizar el abastecimiento seguro y eficiente de la demanda energía eléctrica del país, los gremios le recordaron al jefe de Estado que, en marzo de este año, expusieron diez principios en los que debe basarse la toma de decisiones en el sector energético y eléctrico.
De estos, resaltaron cuatro que creen no se están cumpliendo y que se están afectando por el derecho en cuestión.
Tales principios son:
- El respeto por la libertad de empresa y la participación del capital público, privado y mixto en el desarrollo del sector, propendiendo siempre por un libre mercado con franca competencia en las actividades que lo permitan
- La eficiencia tarifaria en los servicios regulados y en los mercados establecidos
- La suficiencia financiera para los prestadores de los servicios públicos
- La estabilidad jurídica y normativa para la inversión y prestación, actual y futura, de los servicios
