El grupo armado ilegal más grande de Colombia, el Clan del Golfo —hoy autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, no está negociando desde la debilidad. Lo hace desde una estructura consolidada, con expansión territorial, mando centralizado y finanzas multimillonarias.
Mientras su delegación se sienta en Doha a discutir una eventual desmovilización, el gobierno del presidente Gustavo Petro intenta anotarse una victoria dentro de la Paz Total, una política que hasta ahora no ha logrado avances.
Esa es la radiografía que presenta la Fundación Ideas para la Paz (FIP), titulado “Anatomía del Clan del Golfo y su negociación en Catar: ¿la última oportunidad de la Paz Total?”.
El documento describe al hoy denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como un “holding criminal” con liderazgo centralizado y flexibilidad operativa, capaz de combinar expansión territorial, diversificación económica y control social con una apuesta formal por la desmovilización.
Un actor en expansión
Según el informe, el EGC concentra cerca del 36 % del total de integrantes de grupos armados en Colombia. Se estima que cuenta con alrededor de 9.840 miembros, de los cuales 3.328 están armados y 6.512 hacen parte de redes de apoyo.
Desde 2020 su crecimiento ha sido sostenido. Entre 2022 y 2025 pasó de tener influencia en 145 municipios a 296, en 17 departamentos. Es el actor armado con mayor alcance territorial en el país.
Pero el dato más revelador no es solo el tamaño, sino su composición: el 66 % de sus integrantes pertenece a redes de apoyo. Esa estructura le permite ejercer vigilancia, control social y regulación económica sin asumir los costos logísticos de un ejército convencional. La FIP advierte que esta fórmula le ha facilitado expandirse incluso en zonas donde no mantiene presencia armada permanente.
Su patrón de violencia también es indicativo. En 2025, el 38,6 % de sus acciones se dirigieron contra la población civil y el 37,6 % fueron enfrentamientos con otros grupos armados. Solo 38 acciones estuvieron dirigidas contra la Fuerza Pública y apenas dos contra infraestructura estratégica. El objetivo no parece ser golpear al Estado, sino consolidar control territorial y económico.
La lógica empresarial de la guerra
El informe sostiene que el EGC opera bajo una lógica empresarial. El narcotráfico sigue siendo su principal fuente de ingresos, pero ya no es la única. La minería ilegal es hoy la segunda renta más importante, seguida por la extorsión, el microtráfico, el control de economías locales, el contrabando y el lavado de activos.
Hasta comienzos de 2025, el tráfico de migrantes también representaba un ingreso clave. Sin embargo, las medidas adoptadas por Estados Unidos redujeron en un 98 % el flujo por el Darién, afectando esa fuente.
El precio de mantenerse no es poco, el grupo debe cubrir nóminas que rondan los US$1,5 millones mensuales. A medida que crece, aumentan los desafíos internos de cohesión, disciplina y control. La FIP señala que algunos comandantes reconocen que la expansión tiene un límite operativo.
Ese cálculo —costos crecientes, presión militar, desgaste de la cúpula y riesgo permanente de captura o muerte— ayuda a explicar por qué el grupo decidió abrir un proceso formal de diálogo, aún en su momento de mayor fortaleza.
Doha: una negociación distinta
El proceso actual, que se desarrolla en Doha, capital de Catar, es el primero con mediación formal internacional para este tipo de actor en Colombia. Además de Catar, participan como mediadores Noruega, Suiza y España, con acompañamiento de la MAPP-OEA y apoyo de la Iglesia Católica.
A diferencia de otros procesos de la llamada Paz Total, el EGC ha aceptado discutir explícitamente la desmovilización, la entrega de armas y el sometimiento a un marco jurídico.
No plantea reformas estructurales del Estado ni cambios al modelo político o económico. Su punto de llegada es más concreto: desmontar el sistema de tributación ilegal que impone en sus zonas de influencia y reemplazarlo por presencia estatal.
El primer ciclo de conversaciones se realizó en septiembre de 2025. El segundo concluyó en diciembre. En menos de cinco meses, las partes acordaron acciones piloto de transformación territorial en 15 municipios y la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Chocó y Córdoba, donde se prevé la preconcentración gradual de integrantes a partir de marzo de 2026.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de sobresaltos. En diciembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al grupo como organización terrorista.
En febrero de 2026, tras una reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, Colombia se comprometió a priorizar la captura de alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del EGC, lo que generó una suspensión temporal del diálogo. Días después fue reactivado.
Las tensiones estructurales
La FIP advierte que el proceso se mueve entre avances concretos y fragilidades jurídicas. No existe aún un marco normativo robusto para un sometimiento colectivo de esta magnitud. Las Zonas de Ubicación Temporal han sido objeto de debate y demandas ante el Consejo de Estado.
Además, persiste el riesgo de que, en el intento por estabilizar territorios, se terminen validando —aunque sea indirectamente— las lógicas de gobernanza ilegal que el grupo ha impuesto durante años.
El contexto político agrega presión. El calendario electoral y la proximidad del fin del gobierno actual reducen la ventana de tiempo para consolidar resultados estructurales.
¿Negociar desde la fuerza?
El informe concluye que el EGC no está negociando porque haya sido derrotado. Lo hace en el punto más alto de su expansión, pero consciente de que su modelo tiene límites: costos crecientes, presión internacional, riesgo sobre la cúpula y dificultades para sostener indefinidamente su cohesión interna.
La negociación en Doha es, en ese sentido, una apuesta racional. No es la rendición de un actor debilitado, sino el cálculo estratégico de una organización criminal que evalúa que su máximo nivel de poder podría ser también el inicio de su punto de inflexión.
Para la política de Paz Total del presidente Petro, el proceso con el EGC representa la última oportunidad de consolidar un proceso de paz antes de dejar la Casa de Nariño. Si prospera, demostraría que es posible desactivar al actor armado más grande del país sin una derrota militar previa. Si fracasa, dejaría consolidado a un grupo que hoy combina expansión territorial, músculo financiero y redes de control social en casi 300 municipios.
