La Cámara de Representantes de Colombia aprobó recientemente, en primer debate, el Proyecto de Ley 510 de 2024, o denominada Ley Cripto, que busca impulsar el crecimiento de la industria de criptoactivos en el país.
El proyecto “por medio del cual se regulan los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y se dictan otras disposiciones” tiene como autores al representante Julián López y al senador Gustavo Moreno.
“Colombia Fintech ha acompañado de manera activa la construcción y discusión de este proyecto de ley, en colaboración con los congresistas autores y otros actores del ecosistema. Aunque continuará su trámite en el Congreso, su aprobación inicial representa un hito clave para el desarrollo y la formalización del sector en Colombia”, destacaron desde Colombia Fintech.
La industria de criptoactivos viene creciendo exponencialmente en Colombia, pues de acuerdo con el Índice de Adopción Global de Criptomonedas de la empresa Chainalysis, en 2024 el país ocupó el puesto 36 y es la quinta economía más activa en términos de cripto a nivel de América Latina recibiendo US$21.67 millones en valor total de transacciones de criptomonedas entre octubre de 2023 y septiembre de 2024.
Recomendado: Presentan nuevo proyecto de ley en Colombia sobre inversiones en criptoactivos
Así mismo, la industria ha evolucionado con la llegada de plataformas de intercambio (exchanges) de talla mundial, así como la entrada en operación de plataformas como LuloX y Wenia.
¿Por qué es importante el proyecto cripto?
Si bien los proveedores de servicios de criptomonedas son legales en el país, Colombia no cuenta con un marco regulatorio específico, lo que plantea retos para el desarrollo de la industria y la protección de los usuarios.
Por un lado, las empresas no tienen la claridad necesaria para establecer alianzas estratégicas con entidades financieras y, por el otro, los usuarios no cuentan con herramientas para identificar cuáles son las plataformas o empresas que cumplen con una serie de requisitos legales en materia de prevención de lavado de activos, entre otros ejemplos.
“Es urgente que el país avance en la adopción de una regulación integral que promueva la innovación y la seguridad de los usuarios de cripto. En el país los reguladores y la industria ya han aprendido y evidenciado que es posible gestionar adecuadamente los riesgos asociados a cripto, y deberíamos avanzar ahora en aprovechar las oportunidades que ofrece”, aseguró el presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos.
En América Latina diferentes países han avanzado en adoptar marcos regulatorios que promueven la innovación, a la vez que generan reglas claras a través de la creación de Registros de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
Crece confianza en criptoactivos
Aunque durante 2022 después del escándalo de FTX se presentó un periodo de crisis para la confiabilidad de las criptomonedas, en el último tiempo ha aumentado el interés en esta industria por grandes inversionistas y entidades financieras como BlackRock y GrayScale, quienes han lanzado los ETFs de Bitcoin y Ethereum.
Adicionalmente, ha cambiado la posición de diferentes reguladores a nivel mundial, como en Estados Unidos, donde la Comisión de la SEC (Comisión de Bolsas y Valores), aprobó la inclusión y negociación de acciones de productos negociados en bolsa (ETF) de bitcoin.
En Colombia el mercado de criptoactivos y las empresas que ofrecen servicios con este tipo de activos son completamente legales. De hecho, tanto la Superintendencia de Sociedades como la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF) han emitido instrucciones para que las empresas reporten y cumplan con una serie de medidas que permitan prevenir el riesgo de lavado de activos.
Asimismo, Colombia Fintech destacó que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) desarrolló un piloto para permitir que entidades financieras con exchanges para realizar operaciones de cash-in (depósitos) y cash-out (retiros) a través de depósito en pesos colombianos.
Este piloto terminó en junio de 2024 y la SFC identificó que este piloto se desarrolló de manera adecuada, y los exchanges pudieron implementar mecanismos de atención a los consumidores financieros, y políticas de ciberseguridad así como un Sarlaft.
