El ecosistema fintech en Colombia siguió evolucionando en 2025 y desde ya permite visualizar cuáles serán los focos que concentrarán a la industria, desde la operación de sus compañías, así como el entorno del sector.
En diálogo con Valora Analitik, Gabriel Santos, reveló los temas que marcarán la agenda regulatoria para este sector el próximo año, así como el crecimiento logrado en 2025 y los cambios que está teniendo el ecosistema, como es el caso de los pagos inmediatos con Bre-B.
¿Cómo le fue al sector este año?
Fue un año, en términos generales, muy positivo desde la industria. La entrada en operación de Bre-B cumplió un propósito del ecosistema para empezar a transformar la infraestructura del sector financiero. Seguimos viendo apetito de inversionistas por estos modelos de negocio. Vimos cómo crecieron en múltiplos de 10x los depósitos de los colombianos en neobancos.
Pero creo que hay promesas todavía incumplidas desde el punto de vista regulatorio, que esperamos vean la luz al final del túnel en lo que queda de gobierno.
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Este aumento de 10x, ¿cuánto representa?
Es un aumento importante porque es un segmento muy novedoso. Ese aumento de 10x es una cifra cercana a los $2 billones en depósitos en doce meses. El 80 % del producto de depósitos se lo lleva Nu, pero están entre Nu Colombia, RappiPay y Lulo Bank. Ese es el podio de los neobancos que más están recibiendo en términos de depósitos.
En términos de industria, ¿qué esperan para el próximo año?
Será un 2026 donde vamos a estar muy pendientes de las elecciones y con mucha expectativa. El ecosistema ya está muy consolidado y merece una representación relevante en la discusión nacional, desde el Congreso como en las campañas presidenciales. La gran apuesta del gremio será posicionar estos temas tan importantes para la vida de los ciudadanos en el debate público durante el primer semestre.
¿Siguen haciendo fila nuevas fintechs para entrar al mercado?
Siguen haciendo fila. El próximo año esperamos ver dos neobancos nuevos con licencia de constitución. También hay compañías en remesas, cripto y pagos internacionales y nacionales. Hay un apetito grande por entrar al mercado colombiano, que seguirá creciendo en la medida en que la regulación se modernice.
En lo regulatorio, ¿cuál fue el principal logro del año?
El gran éxito regulatorio del año no solo fue evitar la fiscalización de Bre-B, sino haber logrado que se echara para atrás la retención como un todo. Este escenario de retenciones en pagos digitales es un desincentivo típico de la regulación colombiana.
Habíamos empezado a reducir esas retenciones al principio de este gobierno, con un trabajo muy importante que hizo Colombia Fintech con el entonces ministro (José Antonio) Ocampo.
La mala hora de intentar fiscalizar Bre-B abrió la puerta para retomar discusiones que el gremio ha tenido con el gobierno durante tres años. Hoy estamos ante la promesa de una mejora sustancial que, en conjunción con la entrada en operación de Bre-B, va a transformar la aceptación de pagos digitales en Colombia.
Hagamos un recuento del avance en las retenciones
Esta agenda empieza a finales de 2022, con un reto grande: las retenciones a los pagos con tarjeta han llevado a que Colombia tuviera un nivel de aceptación de pagos más parecido al de Bolivia que al de Brasil. Sobre todo la parte más vulnerable, los microcomercios que no necesariamente declaran renta, esa retención se convierte en un impuesto que no pueden descontar. Eso fue un desincentivo a los pagos digitales.
En 2022 logramos, con el ministro Ocampo, empezar a reducir esas retenciones, dejar de considerarlas universales y quitárselas a un segmento pequeño: las personas no responsables de IVA. Eso quedó en la reforma tributaria de Ocampo y nos comprometimos con MinHacienda a estudiar si eso aumentaba la adopción de pagos digitales.
Hicimos un estudio con Bold durante un año y los resultados fueron impresionantes: un aumento del 17 % en volumen transado y del 12 % en transaccionalidad de estas empresas vulnerables que ahora sí recibían pagos con tarjetas.
Desafortunadamente, por dificultades de caja y recaudo, el gobierno no encontró la oportunidad para presentar la iniciativa. Con la discusión sobre Bre-B logramos que se retomara la agenda y que el gobierno tomara la decisión valiente de eliminar de plano la retención. Ya están las posturas públicas, pero hasta ahora no ha salido el decreto. Ese es uno de los grandes retos: sacarlo lo más urgente posible.
Pensando ya en 2026, ¿cuáles son los puntos clave en regulación?
También las finanzas abiertas, que se viene discutiendo desde diciembre de 2024. El gobierno pierde una oportunidad importante de dejar operativo ese esquema. Para el próximo año también debe tomarse una decisión sobre el 4×1.000, que ya se aprobó hace tres años. Es un tema de concentración de activos financieros y de falta de competencia que podría solucionarse fácilmente.
Otro escenario positivo antes de que se acabe el gobierno y fácil de implementar: permitir que las fintech recauden impuestos. Hoy es un escenario vedado, se ha discutido con ministros de Hacienda y directores de la DIAN, y todos han estado de acuerdo. Ha faltado voluntad política, pero en un contexto de retos de recaudo, es escenario sin costo y sin doliente que podría haber aumentado el recaudo del gobierno.
¿Cómo vieron el borrador de finanzas abiertas?
Con sus más y sus menos, pero era un avance en la dirección correcta. El problema es que finanzas abiertas, como se ha planteado, solo entre entidades vigiladas (por la Superintendencia Financiera), muy poco cambia en términos de competencia o acceso. Finanzas abiertas como generador de inclusión, debería incluir a todas las fintech, vigiladas o no. De lo contrario, será un escenario muy limitado y probablemente un fracaso en términos prácticos.
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Además, el Estado debería ofrecer sus datos, como subsidios o declaraciones de renta. Un esquema tan limitado excluye a buena parte del ecosistema.
¿Por qué hoy las fintech no pueden pagarlos?
Colombia se quedó con una regulación de los años ochenta. Hay requisitos injustificados, como exigir sucursales físicas. Ningún neobanco o entidades internacionales en Colombia no va a abrir una sucursal física. Hoy solo a través de tres entidades financieras se pueden pagar impuestos, cuando hay muchos jugadores digitales que podrían hacerlo sin riesgo para el Estado. La SuperFinanciera y MinHacienda han estado de acuerdo, pero la DIAN no ha sacado la regulación para cambiar un requisito ingenuo para la actualidad de mercado.
Es algo que depende de un decreto muy sencillo. No requiere actualización tecnológica ni mayor supervisión. Es difícil cuantificar el aumento del recaudo, pero hoy muchos clientes tienen que manejar múltiples cuentas solo para pagar impuestos, lo que se vuelve un desincentivo, sobre todo para las empresas más pequeñas.
También está el tema del 4×1.000
Correcto. Todo el mundo dice que sí, pero no se implementa. Se convierte en un factor de concentración y el que termina perdiendo es el ciudadano. Es muy fácil de operativizar. Las entidades ya están listas; ha faltado decisión del gobierno para avanzar. Las empresas que no han logrado ese nivel de sofisticación son muy pocas y de un nivel de transaccionalidad muy bajo. No tiene sentido no avanzar en ese frente.
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