El Gobierno del presidente Gustavo Petro rechazó la orden de captura internacional emitida por la Fiscalía de Guatemala contra Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y exministro de Defensa, y Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación.
Según la Fiscalía guatemalteca, ambos exintegrantes de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) habrían incurrido en delitos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht.
Las autoridades de ese país incluso solicitaron a Interpol activar una alerta roja para facilitar su captura en cualquier parte del mundo.
La respuesta de Colombia
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en un comunicado firmado por la canciller Laura Sarabia, expresó su “profunda preocupación y enérgico rechazo” frente a la medida, la cual —según afirmó— “carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional y vulnera derechos humanos fundamentales”.
La Cancillería también advirtió que se están tergiversando principios como el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados, utilizándolos como herramientas de persecución política o personal.
A raíz de esta situación, el Gobierno colombiano activó los canales diplomáticos.
Por su parte, el Gobierno de Guatemala, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, también se pronunció en contra de la orden de captura.
Arévalo rechazó la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, señalando que esta “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y que además vulnera el acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala que dio origen a la Cicig.
La sala que emitió la orden ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por parte de expertos judiciales.
Iván Velásquez, desde su cuenta en la red social X, respondió a la acusación señalando: “Y ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.
Se espera que la fiscal general Luz Adriana Camargo se pronuncie hoy formalmente para ejercer su defensa frente a la orden de captura emitida por su homóloga en Guatemala.
