Un tribunal arbitral Ciadi puso fin a los intereses de Eco Oro Minerals Corp. de obtener una indemnización millonaria en relación con supuestas irregularidades en la implementación de la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán (en los departamentos Santander y Norte de Santander en Colombia).
Según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) Eco Oro alegaba que ciertas medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas por las autoridades colombianas para prohibir la minería en ecosistemas de páramo y su implementación en Santurbán, le impidieron desarrollar un proyecto de gran minería de oro en su concesión y, en consecuencia, constituyeron una expropiación indirecta de su inversión bajo el Artículo 811 del TLC.
Adicionalmente, Eco Oro alegó que dichas mismas medidas violaron el Estándar Mínimo de Trato del Artículo 805 del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia.
Teniendo en cuenta este panorama, Eco Oro reclamaba así una indemnización de US$690 millones, más intereses (alrededor de US$1.100 millones en total), cifra que ya no tendrá que ser pagada por Colombia.
“En el Laudo, emitido el día de ayer 15 de julio, el Tribunal Arbitral determinó que Eco Oro no aportó prueba alguna, pese a que se le dio una segunda oportunidad para el efecto, de la existencia del perjuicio supuestamente sufrido y, en consecuencia, decidió no otorgar un solo dólar por concepto de indemnización”, precisó la entidad.
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Agregó que, debido a otras fallas por parte de Eco Oro en la defensa de su caso, el tribunal también se abstuvo de condenar a Colombia en costas. Así las cosas, el Laudo pone fin a un largo y complejo arbitraje de más de ocho años.
Cabe recordar que, en septiembre de 2021, el tribunal arbitral había dictado una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad.
En tal decisión se desestimó la reclamación por expropiación formulada por Eco Oro por considerar que la prohibición de actividades mineras en ecosistemas de páramo constituía un ejercicio legítimo de las potestades regulatorias del Estado para proteger el interés general, especialmente en cuestiones relativas como la protección del medio ambiente.
En tal fecha, “el tribunal arbitral reconoció el papel fundamental de los páramos como fuentes y reguladores de los ciclos de agua, en medio de fenómenos globales como el cambio climático, y precisó que el Páramo de Santurbán es una fuente hídrica vital para más de 2,5 millones de personas, agregando que los impactos negativos de la minería en ecosistemas de páramo son irreversibles”, destacó la Agencia.
Aunque la mayoría del Tribunal Arbitral había decidido que la implementación de la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán no se realizó de conformidad con el Estándar Mínimo de Trato contemplado en el Artículo 805 del TLC, y abrió una fase adicional para que Eco Oro probara los daños presuntamente ocasionados, el 15 de julio de 2024 se concluyó, de manera definitiva, que el inversionista no probó daño algún.
En particular, “el tribunal concluyó que Eco Oro no fue capaz de aportar ninguna prueba para determinar el valor de la pérdida de oportunidad de solicitar una licencia ambiental”, informó la Andje.
Como un aspecto clave, el tribunal resolvió, en contra de lo señalado por el inversionista, que los costos de remediación de la concesión minera deben ser asumidos enteramente por Eco Oro, ya que dichos costos no son consecuencia de la violación del Artículo 805 identificada por el tribunal, sino una obligación del concesionario como consecuencia de la terminación de la concesión.
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Junto con los recientes laudos en los arbitrajes Red Eagle y Montauk, esta es la tercera victoria de Colombia en arbitrajes de inversión relacionados con la delimitación del páramo de Santurbán.
Así, con el laudo, se terminan de resolver de manera definitiva y favorable para Colombia todas las reclamaciones internacionales de inversión presentadas hasta la fecha por la adopción de medidas para la protección de este importante ecosistema. Estas tres reclamaciones sumaban, en conjunto, alrededor de US$1.500 millones.
Vale mencionar que el equipo de defensa de Colombia en este caso estuvo conformado por abogados de la Andje y de la firma Latham & Watkins.
