Con pancartas, arengas, chiflidos y protestas, los habitantes y pequeños mineros de Santander (California, Suratá y Vetas en Soto Norte) rechazaron la presencia de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, quien anunció que declarará una zona de reserva temporal de recursos naturales en toda la provincia, haciendo uso del Decreto 044.
La protesta de las poblaciones santandereanas se dio porque consideran que la decisión del Ministerio afectará las actividades económicas de las que dependen más de 15.000 personas.
Según explicó Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo de Soto Norte (Consotonorte), esta declaratoria condena a la ilegalidad a centenares de familias y mineros tradicionales que por años han intentado formalizarse para ejercer su actividad legal y responsablemente.
“No vamos a permitir que nos impongan una zona de reserva temporal en Soto Norte sin consultarlo con la comunidad, y solo para que la ministra cumpla un acuerdo político con los grupos ambientalistas de Bucaramanga que no nos representan. Esta medida desconoce la realidad de nuestro territorio, se hace sin la participación y aval de la Procuraduría o la Gobernación de Santander, y nos está condenando a la ilegalidad”, indicó Maldonado.
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Por su parte, Ivonne González, presidente de la Asociación de Mineros de Vetas, expresó su preocupación por esta medida inconsulta que “pasa por encima de los acuerdos entre la comunidad y el propio Gobierno alcanzados durante los últimos dos años en las mesas de delimitación del páramo de Santurbán”, y que, según esta líder social, estaría violando varios derechos fundamentales.
“La resolución del Gobierno Nacional sepulta nuestra economía y condena a la miseria a más de 9.000 personas que habitamos en Vetas, California, Suratá y Matanza. Ya no solo estamos sometidos a la desidia del Estado que nos ha impedido formalizarnos, sino que nos quieren violar nuestro derecho a la participación ciudadana, el derecho al mínimo vital y al trabajo, el derecho a la igualdad y el derecho a la identidad cultural de los mineros tradicionales. De un plumazo acaban con 400 años de minería tradicional”, afirmó González.
En el mismo sentido, Daniel Maldonado, representante de la Asociación de Mineros Tradicionales de Suratá, rechazó la que considera “persecución sistemática a la minería” en su territorio y las consecuencias de decisiones arbitrarias, que -asegura- no tienen fines de protección ambiental y carecen de sustento técnico.
“En este Gobierno hablan del Acuerdo de Escazú, pero vulnera nuestra participación y deja en evidencia su desprecio por los procesos de concertación. Queremos dejarle claro a Santander y al país que nosotros no hacemos minería dentro del Páramo, que sabemos que eso no lo permite la Ley, pero no por eso nos pueden obligar a dejar de ser mineros. Somos mineros, y no queremos dejar de serlo», manifestó el líder de los pequeños mineros.
Y agregó que «todo esto es una estrategia para desacatar las sentencias de la Corte Constitucional para extender la delimitación del Páramo hasta Bucaramanga, y así acabar con la minería en nuestro territorio”.
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Entre tanto, los líderes sociales de Soto Norte denunciaron también que el Ministerio de Ambiente “hizo una convocatoria engañosa”, utilizando logos del proceso de delimitación para una discusión diferente, y sin la presencia de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
“Es absurdo que para un tema que afecta a 30.000 paramunos, el Ministerio de Ambiente quiera que solo hablen dos personas por municipio, y elegidas por ellos mismos. Esto vulnera todos los derechos”, denunció Ivonne González.
Ante el anuncio del Ministerio de Ambiente, los líderes sociales, mineros de pequeña escala, y población en general, anunciaron que realizarán movilizaciones y acciones jurídicas para impedir que se vulneren los derechos de estas poblaciones con “una declaratoria de reserva temporal inconsulta y arbitraria”.
