Según un informe elaborado por el grupo activista Global Witness, la situación de los asesinatos de líderes sociales en América Latina, y en particular en Colombia, es motivo de gran preocupación.
En 2022, esta región representó una mayoría del 88 % de los asesinatos de líderes sociales a nivel mundial. De los 18 países en los que se documentó casos, 11 de ellos se encontraban en América Latina.
Colombia lidera la lista mundial con un total de 60 asesinatos en un año, cifra que marca un aumento significativo en comparación con el 2021, cuando se registraron 33 asesinatos de defensores, según Global Witness.
Sin embargo, de acuerdo con el registro actualizado de Indepaz sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en 2022, la cifra se eleva a 189 asesinatos.
Los ataques han tenido como blancos principales a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los pequeños agricultores y los defensores del medio ambiente.
Global Witness señala que la mayoría de estos asesinatos se concentran en tres países: Colombia, Brasil y México, donde más del 70 % de los casos, es decir, 125 de un total de 177, han ocurrido.
A pesar de las diferencias históricas y contextuales entre estos países, todos comparten un lamentable denominador común: sus gobiernos han fallado sistemáticamente en detener estos asesinatos y en llevar a los responsables ante la justicia.
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Acciones del Gobierno por detener los asesinatos de líderes sociales
El 2022 marcó un período de transición política en Colombia, con el gobierno de Iván Duque, siendo criticado por su falta de acción ante lo que se ha denominado el «genocidio» de líderes sociales.
Su sucesor, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió el cargo en agosto de 2022 y, junto con la primera vicepresidenta afrocolombiana de la historia, Francia Márquez, presentó una agenda política que incluye específicamente la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos y abordar las causas detrás de los ataques contra ellos.
Esto representa un avance en cuando a la visibilidad del problema y un enfoque diferenciado en la violencia contra los defensores, según Global Witness, Gustavo Petro trajo consigo la promesa de transformación social y una mayor protección para los defensores de derechos humanos, algo sin precedentes en la política del país.
Además, cabe destacar que Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo ambiental regional de América Latina y el Caribe, que incluye disposiciones específicas para la protección de defensores de derechos humanos ambientales y el acceso de los ciudadanos a la información ambiental, así como su participación en procesos de toma de decisiones.
Sin embargo, estos compromisos deben ir acompañados de acciones concretas, ya que las cifras de 2022 en Colombia son un recordatorio urgente de la cantidad de trabajo que aún queda por hacer.
