El presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo una propuesta a las empresas del sector eléctrico: hacer de las comunidades socias de proyectos de energía en pro de la transición energética y también del fortalecimiento de las poblaciones.
Incluso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunciaron que se ha masificado la primera iniciativa en torno al Pacto por la Transición Energética (en el que cabe recordar fue firmado, en principio, con la comunidad indígena Wayuú).
El cinco de julio de 2023, se infirmó que EPM mantendrá operando el parque eólico Jepírachi ubicado en La Guajira, como parte de una alianza público popular con la comunidad Wayuú, pese a haber cumplido sus 20 años de vida útil.
Sin embargo, la medida contemplada en el Pacto firmado en La Guajira aún genera ruidos, preocupaciones y más incertidumbre al sector y analistas expertos. Valora Analitik consultó a varios referentes de la industria para conocer sus posiciones:
Esto dijo SER Colombia sobre el pacto por la transición energética
Alexandra Hernández, presidente de SER Colombia, entregó más detalles sobre la medida que nació en La Guajira.
De acuerdo con la experta, en términos generales, el pacto por ahora es solo de alcance en La Guajira teniendo en cuenta los 22 proyectos que están mapeados para entrar en operaciones en departamento en los próximos meses.
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“El objetivo que tiene este pacto es crear y unir sinergias en el departamento entre todos los actores involucrados, bajo la batuta del Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno Nacional”, manifestó Hernández.
Destacó, además, que este es un acuerdo de principio y de buena intención, lo que no lo hace vinculante contractualmente, pero sí genera una expectativa de ser espacio que -pese a no ser vinculante legalmente- tenga unas acciones concretas que permitan articular con las comunidades, empresas y Gobierno.
De hecho, con este pacto se espera que, entidades como la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), se articulen para acelerar los procesos, trámites, permisos, consultas previas, entre otros.
“Arrancamos con La Guajira, pero esperamos que no sea el único pacto. Por ahora en este departamento: tenemos 22 proyectos, son 2.500 megavatios (MW) de nueva capacidad que podrían entrar a partir de 2025, si logramos que todos los trámites puedan llevarse feliz término”, precisó Alexandra Hernández de SER Colombia.
Sobre entregar una parte de las utilidades de estos proyectos a la comunidad Wayuú para que ésta se haga socia de las iniciativas, la líder de SER Colombia destacó que lo que primero se debe poner sobre la mesa es lo que está en la normatividad para la entrada de esos proyectos.
“Si uno suma entre impuestos, estas transferencias que impusieron que es por cada kilovatio que se genere y se venda, pues ya las comunidades van a participar con el 6 % de esos sin poner inversión, y el inversionista, realmente, va a recibir esa utilidad diez años después -que es el tiempo que se demora en recuperarse-”, precisó líder gremial.
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Agregó que “mientras las comunidades empiezan a percibir desde el día uno que se vende ese kilovatio y ahí ya participan con el 6 % de esa venta. Además de los otros temas de compensación que salen de las consultas”.
Para la experta, lo que hay que poner en la ecuación no es cuánto más hay que dar, sino ver cómo se hace para que sea efectiva esa participación y el uso adecuado de esos recursos para que, de verdad, lleguen a las comunidades.
“Las comunidades ya tienen un marco de participación importante que hay que hacerlo realidad, pero también en el marco de deberes y derechos -porque es un deber de las empresas y un derecho las comunidades-, pero también tiene que involucrar un deber de las partes: todos tenemos que apoyar porque esto es un incentivo para que los proyectos entren”, recalcó la presidente de SER Colombia.
En línea con las declaraciones de Hernández, si los kilovatios no entran las comunidades no van a recibir esa transferencia. Para ella es necesario aclarar los mensajes: “no se trata de sumar y sumar, porque, si no, los proyectos nunca se van a dar, hay que hacer esto rentable para todos”.
Más y más preocupaciones
Valora Analitik habló con Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, sobre qué visión tenía del modelo de asociación en los nuevos proyectos de energía renovables en La Guajira y, para el analista, esto no es viable ni oportuno.
“El estado tiene la obligación de suministrar paquetes coordinados de bienes públicos regionales (salud + educación + servicios públicos + seguridad) para sacar a territorios de la trampa de pobreza. Las comunidades no tienen el tiempo, ni las habilidades gerenciales para gestionar activos complejos”, indicó.
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Y agregó que éstas no deben tener la expectativa de convertirse en socias de las intervenciones en su territorio.
Entre tanto, aseguró que, si se permitiera la participación societaria de las comunidades, sería sobre bases arbitrarias y las empresas verían una disminución de su rentabilidad sobre la inversión por menores ingresos y por un mayor riesgo de intervención y bloqueo de las actividades.
“Las comunidades podrían asumir que la participación accionaria del tipo ‘acciones doradas’ con poder de veto sobre la operación y con aspiraciones de remuneración retroactiva”, advirtió el investigador de Fedesarrollo.
Además, plantea un escenario que podría preocupar más al sector: en el pacto por la transición energética se habló de que este era firmado con la intención de, aparte de ayudar a las comunidades, sirva para apalancar los proyectos y destrabarlos.
Sin embargo, para Juan Benavides hacer socias a las comunidades de los proyectos no los destraba, “porque se abre una caja de pandora para mayores exigencias por parte de las comunidades”.
Adicionalmente, el experto ratificó que “es inviable y preocupante porque generará una lucha entre comunidades y otros intereses especiales por la captura de rentas, que en un ambiente tan complejo como el de La Guajira puede terminar en enfrentamientos internos”.
Por su parte, el asociado senior de CMS Rodríguez-Azuero, Álex Flórez, le dijo a este medio de comunicación que -hacer socias a las comunidades de los proyectos de generación de energía renovable en La Guajira- son costos que no están contemplados en la estructuración de los mismos.
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“Son costos que no están dentro de lo que, legalmente, está establecido para efectos de generar unos lazos o un relacionamiento comunitario efectivo: la estrategia no necesariamente tiene que ir por ahí. De hecho, desde el punto de vista de sostenibilidad, no necesariamente la estrategia que muchas compañías adelantan es hacer socias a las comunidades de las utilidades”, detalló el asociado senior de CMS Rodríguez-Azuero.
En cambio, según el abogado, sí hacerlas parte desde vínculos laborales, entender sus necesidades reales para poder apalancar ejercicios alternos de la mano de las autoridades locales.
