El expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares actúa como apoderado en una acción de tutela contra el aumento del salario mínimo para 2026, fijado por el Gobierno en 23 % mediante decreto.
Linares sostiene que el Ejecutivo vulneró el derecho al debido proceso y desconoció el mandato constitucional de concertación al adoptar la decisión sin un acuerdo entre Gobierno, empresarios y trabajadores. La tutela señala como responsables a la Presidencia de la República, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda.
Uno de los elementos más relevantes de la acción es la solicitud de una medida provisional, con el argumento de que el incremento tiene “graves efectos inmediatos” sobre los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales. Por esta razón, el exmagistrado pide que el decreto quede sin efectos de manera temporal, mientras se adopta una decisión de fondo.
Según el escrito, el Gobierno no evaluó adecuadamente el impacto del alza salarial sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente los comercios de menor escala, que —advierte— no podrían sostener sus estructuras de costos sin recurrir a despidos, reducción de jornadas o incluso al cierre definitivo.
Regreso de la actividad judicial y reacción del Gobierno
Con el fin de la vacancia judicial, la tutela ya puede ser estudiada. Frente a este escenario, el presidente Gustavo Petro lanzó varios dardos.
A través de su cuenta en X, el mandatario convocó a la movilización ciudadana para respaldar los decretos expedidos por el Gobierno: emergencia económica, los impuestos que se derivan de la emergencia y el aumento del salario mínimo.
Petro defendió el incremento salarial asegurando que responde al concepto de “salario vital”, calculado con base en estadísticas oficiales del DANE. Según explicó, el valor surge de la canasta mínima vital para no caer en pobreza, dividida por el promedio de trabajadores por familia, lo que arrojaría un ingreso cercano a $2 millones mensuales. “Si es una orden de la Constitución, ¿por qué en 35 años no se ha cumplido?”, cuestionó.
Argumentos económicos
El presidente también afirmó que, según el DANE, los costos al productor cayeron 2,6 % durante 2025, lo que —en su visión— demuestra que el aumento del salario mínimo no ha encarecido los costos de producción, incluso con un crecimiento real del salario del 18 % en los primeros años de su gobierno.
Finalmente, el mandatario anunció que presentará un proyecto de ley para que el salario vital mínimo y familiar rija como política permanente, iniciativa que, según dijo, deberá ser discutida por el próximo Congreso o por una eventual Asamblea Nacional Constituyente.
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