Al valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio contra directivos y funcionarios de empresas bananeras investigados por financiar el paramilitarismo en la región de Urabá en la década de los 90, una juez penal especializada de Antioquia emitió una sentencia.
La funcionaria condenó a los implicados a una pena de cárcel de 11 años y tres meses por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de financiar, promover y organizar grupos al margen de la ley.
El fallo es contra los directivos de Banadex y Banacol: Charles Dennis Keiser, John Paul Olivo, José Luis Valverde Ramírez, Fuad Alberto Giacoman Hasbún, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval y Álvaro Acevedo González.
El fallo impuso una multa de 7.950 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 135 meses.
Asimismo, el juzgado dispuso expedir orden de captura contra los hoy condenados en el momento que la sentencia quede en firme.
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Es importante mencionar que durante la audiencia, en el fallo también se absolvió a Javier Ochoa Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Víctor Manuel Henríquez Velásquez.
Financiamiento al paramilitarismo
La investigación adelanta por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos probó que entre 1995 y 2004 los condenados se concertaron con alias Pedro Ponte, comandante del bloque Arlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que tenían injerencia en Urabá Antioqueño, para financiar el grupo armado ilegal con tres centavos de dólar por cada caja de banano exportado desde la región.
“Durante nueve años se realizaron al menos cien pagos que alcanzaron un total de US$1,7 millones, “dinero que fue suministrado por la comercializadora Chiquita Brands Internacional INC a través de su filial en Colombia Banadex y la empresa Banacol”.
“La legalización de los pagos se hizo a través de servicios prestados de protección y vigilancia que realizaron siete cooperativas de vigilancia y seguridad privadas conocidas para la época como Convivir. La seguridad se prestó en cultivos, instalaciones y personal vinculado a las empresas bananeras y la comercializadora internacional que exportaba la fruta a Europa y Estados Unidos”, relató la Fiscalía.
