El Consejo de Estado confirmó que los congresistas que participaron en la denominada ‘vaca’ para financiar las vías 4G de Antioquia no incurrieron en una causal de pérdida de investidura.
La decisión fue adoptada en segunda instancia por la Sala Plena del alto tribunal, que ratificó la decisión de primera instancia que había negado la demanda.
El proceso cuestionaba los aportes realizados por los congresistas a la iniciativa promovida en 2024 para recaudar recursos destinados a obras de infraestructura vial en Antioquia.
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La demanda fue presentada por el abogado Carlos Mario Patiño González, quien argumentó que los aportes constituían un contrato de donación con el departamento y, por esa vía, los congresistas habrían desconocido el régimen de incompatibilidades que les prohíbe celebrar contratos con entidades públicas.
Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que el anuncio y la consignación de los recursos no fueron suficientes para configurar un contrato de donación.
Consejo de Estado explicó por qué no hubo contrato
De acuerdo con el alto tribunal, para que una donación se perfeccione se requiere la aceptación expresa de quien recibe los recursos. En este caso, no se acreditó que la Gobernación de Antioquia hubiera aceptado las donaciones en los términos exigidos por las normas civiles y el Estatuto de Contratación Estatal.
El tribunal también tuvo en cuenta que algunos de los congresistas solicitaron la devolución de los recursos antes de que estos fueran aceptados por el departamento. Entre ellos estuvieron Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Hernán Darío Cadavid, cuyos aportes fueron posteriormente reintegrados.
“La devolución de los recursos hecha por la Secretaría de Hacienda del departamento (…) era perfectamente viable, pues el carácter irrevocable de la donación se predica cuando el contrato de donación se ha perfeccionado”, explicó el Consejo de Estado.
Frente a los congresistas que no solicitaron el reembolso de sus aportes, el tribunal señaló que tampoco se produjo la aceptación necesaria para que existiera un contrato.
Por esa razón, la Sala Plena concluyó que no se demostró que los congresistas hubieran celebrado un contrato con el departamento de Antioquia ni que hubieran incurrido en una conducta prohibida por el régimen de incompatibilidades.
La primera decisión había sido adoptada en junio de 2024. En ella, el Consejo de Estado ya había señalado que no se había materializado un contrato y que tampoco se había probado que los congresistas hubieran intervenido para obtener un beneficio propio o para terceros identificables.
La ‘vaca’ fue reglamentada por la Gobernación de Antioquia en marzo de 2024 con el objetivo de recaudar recursos para financiar la terminación de obras de infraestructura vial, particularmente relacionadas con el Túnel del Toyo. La meta inicial era reunir cerca de $1 billón, pero la recaudación terminó superando los $5.000 millones.
Los congresistas cuestionados habían publicado comprobantes de aportes por $1 millón cada uno durante las primeras horas de la convocatoria.
