La crisis institucional en Perú volvió a intensificarse este martes tras la decisión del Congreso de censurar al presidente interino José Jerí, una medida que deja de facto vacante la Presidencia y abre un nuevo capítulo de inestabilidad política a menos de dos meses de las elecciones generales previstas para el 12 de abril.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, los congresistas aprobaron una de las mociones de censura presentadas contra Jerí, quien había acumulado varios escándalos en las últimas semanas y enfrentaba una creciente presión dentro del Legislativo.

Un Gobierno de transición que terminó antes de tiempo

Jerí, de 39 años, asumió la Presidencia en octubre de 2025, luego de que el Congreso destituyera a la entonces mandataria Dina Boluarte (2022-2025). En ese momento, Jerí era presidente del Congreso y ascendió automáticamente como jefe de Estado encargado, con la tarea de conducir el país hasta la posesión del ganador de los nuevos comicios convocados para abril.

La sesión parlamentaria buscaba inicialmente censurarlo como presidente del Congreso, lo que habría significado su salida inmediata del Ejecutivo. Sin embargo, un grupo de partidos que aún lo respaldaban intentó que el trámite se realizara como una vacancia presidencial, un mecanismo que exige una mayoría calificada de 87 votos, más difícil de alcanzar.

Finalmente, prosperó la censura con una mayoría simple, provocando su caída tras apenas cuatro meses en el poder.

La salida de Jerí se suma a la larga cadena de crisis políticas que vive Perú desde las elecciones de 2016, cuando comenzó un choque constante entre el Parlamento y el Ejecutivo, agravado por la fragmentación partidista y la falta de consensos duraderos.

Con este episodio, Perú registra su octavo cambio presidencial en menos de una década.

Escándalos aceleraron su salida

Aunque Jerí inició su mandato con una aprobación cercana al 60 %, rápidamente se vio envuelto en una sucesión de controversias.

Una de las más sonadas ocurrió en diciembre de 2025, cuando fue captado reuniéndose fuera de Palacio con empresarios chinos en un restaurante de comida chifa en Lima, episodio que la prensa bautizó como el “chifagate”. La Fiscalía abrió una investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

A esto se sumaron denuncias periodísticas sobre reuniones en Palacio con mujeres jóvenes que posteriormente habrían obtenido contratos estatales, alimentando nuevas sospechas y aumentando la presión política.

Las mociones de censura no podían tramitarse hasta marzo debido al receso legislativo, pero se activaron tras reunirse las firmas necesarias de congresistas, impulsadas por la falta de explicaciones claras del mandatario.

Desde 2016, el país ha tenido siete presidentes antes de Jerí: cuatro fueron destituidos por el Congreso, dos renunciaron para evitar el mismo destino y solo uno logró completar su mandato interino.

Entre ellos figuran:

Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018.
Martín Vizcarra, destituido en 2020.
Manuel Merino, que gobernó solo cinco días antes de dimitir tras protestas.
Francisco Sagasti, el único que completó su periodo transitorio.
Pedro Castillo, removido en 2022 tras intentar disolver el Congreso.
Dina Boluarte, destituida en octubre pasado.
José Jerí, quien estuvo apenas cuatro meses en el cargo.

¿Quién asumirá ahora?

El futuro inmediato del Ejecutivo peruano es incierto. La caída de Jerí abre la puerta a la elección de un nuevo titular del Congreso, quien asumirá automáticamente como presidente interino del país.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que la elección del nuevo jefe de la Mesa Directiva y de la Presidencia se realizará este miércoles 18 de febrero, a las 6:00 p. m. (hora local).

Quien resulte elegido gobernará hasta el 28 de julio de 2026, en medio de un escenario político altamente deteriorado y con una ciudadanía cada vez más desconfiada del Legislativo, cuyos miembros en su mayoría buscan la reelección.

La rápida caída de Jerí —tan veloz como su ascenso— confirma nuevamente el profundo nivel de fragilidad institucional que atraviesa Perú en la antesala de unas elecciones decisivas.