Vivir en conjuntos residenciales implica acatar normas claras sobre el uso de las zonas comunes. El desconocimiento o incumplimiento de los reglamentos internos puede derivar en sanciones y conflictos entre vecinos. En Colombia, la propiedad horizontal está regulada por la Ley 675 de 2001, que establece el marco legal para la conformación, administración y reglamentación de este tipo de propiedad, incluyendo lo relativo al uso de áreas comunes.
Dicha ley permite que cada conjunto residencial defina, a través de su reglamento interno, cómo deben utilizarse los espacios compartidos, promoviendo la convivencia y el respeto entre copropietarios. Sin embargo, cuando se trata de conjuntos que cuentan con piscinas, existe una normativa adicional que impone requisitos específicos. Se trata de la Ley 1209 de 2008, que regula el uso de piscinas con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prevenir accidentes.
Esta ley establece disposiciones técnicas y operativas que deben cumplirse antes de poner en funcionamiento una piscina. Entre ellas se encuentran condiciones de seguridad, señalización visible, profundidad claramente indicada, presencia de dos drenajes y disponibilidad de planos técnicos del sistema hidráulico.
El artículo 1 de la norma señala que ninguna piscina puede operar sin cumplir con estas condiciones. Además, el acceso de menores de edad sin la compañía de un adulto responsable está expresamente prohibido, y su incumplimiento puede generar sanciones.
¿De cuánto es la multa a conjuntos por incumplir con norma en piscinas?
El artículo 16 de la Ley 1209 de 2008 establece las sanciones para los conjuntos residenciales que infrinjan las disposiciones sobre el uso de piscinas. En caso de que se permita el ingreso de menores sin supervisión, la autoridad competente podrá imponer una multa que oscila entre 50 y 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además del cierre temporal del establecimiento.
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Si la infracción se repite dentro de los siguientes seis meses, la sanción económica puede incrementarse hasta 1.500 salarios mínimos, y el cierre podrá extenderse hasta por 15 días. En caso de una tercera reincidencia, se procederá al cierre definitivo de la piscina.
Este tipo de disposiciones buscan evitar incidentes relacionados con el uso inadecuado de las piscinas, especialmente en temporadas de alta afluencia como vacaciones o fines de semana. Es común que algunas administraciones de conjuntos residenciales alquilen estos espacios a terceros para eventos, lo que aumenta el riesgo si no se respetan las normas de seguridad.
Es fundamental que los residentes y administradores conozcan y apliquen las disposiciones legales vigentes, no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar la integridad de quienes hacen uso de estas zonas comunes. La normativa busca proteger especialmente a los menores, quienes son más vulnerables ante situaciones de riesgo en cuerpos de agua mal gestionados o sin supervisión.
