El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por el nuevo proyecto de decreto impulsado por el Gobierno de Colombia, el cual busca modificar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas de retención en la fuente.
La propuesta ha sido considerada por los gremios como una medida que, lejos de ofrecer una solución estructural a los problemas fiscales del país, representa una maniobra de caja sin sustento técnico, sin visión de largo plazo y con consecuencias muy negativas para la economía nacional.
Una carga adicional para el país productivo
Según los representantes del Consejo, lo que propone el Gobierno Petro equivale a solicitarle al sector productivo del país un crédito forzado para financiar el déficit fiscal generado por la ineficiencia en la ejecución del gasto público.
«Es una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales, a quienes producen, trabajan y generan ingresos», señaló.
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El punto central de la crítica es que la retención en la fuente no constituye un impuesto adicional, sino un anticipo sobre ingresos que aún no se han consolidado, lo que representa una carga directa sobre el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes.
Esta medida, en opinión del Consejo, castiga el consumo, el ahorro y la inversión, tres pilares fundamentales para el crecimiento económico y la formalización del mercado laboral.
Un riesgo para las finanzas del país
Lo más preocupante para los gremios es el impacto que esta medida podría tener en las finanzas nacionales. Según estimaciones del centro de estudios Fedesarrollo, la modificación propuesta implicaría un adelanto de impuestos correspondiente al año 2026, por un monto estimado de $13,9 billones, lo que equivaldría al 0,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.
Esta medida, advirtió, repetiría los errores fiscales cometidos en 2023, cuando el Gobierno recurrió a estrategias similares para tapar el hueco fiscal, lo que agravó aún más la situación financiera del país.
Los expertos señalan que esta operación podría empeorar el déficit fiscal proyectado para 2026, poniendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y afectando la calificación crediticia del país.
En este contexto, el Consejo Gremial Nacional recalcó que el manejo irresponsable del gasto público y la falta de reformas estructurales no solo aumentan la deuda, sino que también perjudican la estabilidad económica a largo plazo.
Implicaciones jurídicas y falta de sustento legal
Desde un punto de vista jurídico, el Consejo Gremial Nacional advirtió las graves implicaciones de la medida propuesta, particularmente en lo que respecta a la aplicación de una autorretención del 3,5 % a entidades que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, como las organizaciones mencionadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario.
Dado que no existe un impuesto a cargo para estas entidades, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, contraviniendo el principio de legalidad.
Además, la medida no contempla mecanismos de compensación ni beneficios para las organizaciones sin ánimo de lucro, lo que afectaría negativamente su flujo de caja.
El Consejo hace un llamado urgente a una revisión jurídica y técnica profunda del proyecto, ya que este cambio alteraría de manera sustancial el régimen fiscal vigente sin una reforma legal que lo respalde.
Un llamado al Gobierno Nacional
En conclusión, el Consejo Gremial Nacional hizo un llamado firme al Gobierno Nacional para que ajuste el gasto público, priorizando la inversión eficiente y respetando los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.
La propuesta actual, según los gremios, es una medida improvisada que no contribuye a resolver los problemas fiscales estructurales del país y pone en riesgo el bienestar de la economía productiva y la estabilidad financiera de los próximos años.
Este pronunciamiento subraya la necesidad de revisar a fondo las políticas fiscales y garantizar que cualquier reforma o medida tributaria cuente con el sustento técnico y legal necesario para proteger la competitividad y estabilidad económica del país.
