Consejo Gremial rechaza amenazas contra mandatarios locales tras atentado en Cali: exigen garantías de seguridad

Consejo Gremial rechaza amenazas contra mandatarios locales tras atentado en Cali: exigen garantías de seguridad

El gremio empresarial advirtió que las amenazas contra la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder son un golpe a la democracia regional.

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El Consejo Gremial Nacional condenó las recientes amenazas contra alcaldes y gobernadores en Colombia y pidió al Gobierno garantizar la seguridad de los mandatarios, sus familias y el pleno ejercicio de sus funciones constitucionales.

“Estos mandatarios son actores esenciales para la democracia, el desarrollo social y económico de las regiones y la construcción de un país seguro y en paz”, señaló la agremiación, que expresó especial preocupación por la situación del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Las advertencias contra ambos dirigentes se conocieron después del atentado terrorista en Cali, atribuido a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, que dejó seis muertos y más de 70 heridos. La inteligencia militar y policial confirmó la existencia de planes de atentado contra Toro y Eder, lo que llevó a reforzar los esquemas de seguridad en el departamento.

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La gobernadora agradeció el respaldo de la Fuerza Pública: “La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad. Seguiré firme trabajando por Cali y el Valle, en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”.

Por su parte, el alcalde Eder aseguró en diálogo con Blu Radio que la amenaza es real, pero que no se dejará intimidar: “No tengo miedo porque confío en la Fuerza Pública. Estos sinvergüenzas nos quieren devolver a la década de los ochenta, cuando asesinaban a gobernantes y ciudadanos con bombas indiscriminadas”.

El Consejo Gremial llamó de manera urgente a las autoridades policiales y judiciales a capturar y judicializar a los responsables, así como a desmantelar los riesgos que atenten contra la vida de los mandatarios y el ejercicio normal de sus cargos.