Empresarios señalan que consulta popular de Petro “desconoce institucionalidad del país”

Los empresarios se fueron en contra de la decisión del presidente Petro de aprobar la consulta popular por decreto.

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Los empresarios de Colombia reaccionaron a la decisión del presidente Gustavo Petro de decretar la consulta popular, una decisión que, dicen, desconoce la institucionalidad del país.

De acuerdo con el Consejo Gremial, el anuncio del presidente Petro es, además, un golpe para la Constitución y el derecho.

“El Ejecutivo no tiene facultades para convocar unilateralmente a una consulta popular que ha sido negada por el Congreso de la República, como lo reconoció la Sección Quinta del Consejo de Estado, al admitir en una demanda contra la decisión del Senado”, dice el comunicado.

De acuerdo con el Consejo Gremial, la decisión del Senado es definitiva al haber culminado con ello el trámite iniciado el 1° de mayo de 2025 por el presidente y sus ministros, conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Constitución y desarrollado en los artículos 50 y siguientes de la Ley 134 de 1994.

Debate de la consulta popular de Petro
Debate de la consulta popular de Petro. Foto: Senado.

Más críticas a la consulta popular por decreto

“El artículo 188 de la Constitución establece que el presidente de la República debe simbolizar la unidad nacional y garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Utilizar su investidura para presionar al Congreso o deslegitimar a sectores sociales y económicos que disienten de sus propuestas, atenta contra la convivencia democrática y el respeto por la pluralidad de opiniones”, agrega la posición de los empresarios.

Piden además que las reformas estructurales deben ser debatidas y aprobadas por los congresistas elegidos por el pueblo y no mediante la consulta popular que se quiere.

consulta popular del gobierno Petro
Se define la consulta popular. Imagen: Tomada de Infopresidencia

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“Saltarse este proceso no solo vulnera el equilibrio de poderes, sino que genera inestabilidad jurídica, económica, afecta la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas en las instituciones del país”, agrega el pronunciamiento.