El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, volvió a pronunciarse sobre el borrador de decreto que pretende reprogramar las vigencias futuras comprometidas en proyectos de infraestructura vial bajo el esquema de asociación público privada (APP).
Según explicó, el tema no es menor, pues tocaría compromisos financieros de gran envergadura en las concesiones 4G y 5G.
Rodríguez citó el Decreto 1082 de 2015, que regula cuándo procede la modificación de estas vigencias. En ese marco, recordó que en junio de 2025 ya había hecho una advertencia formal a los ministerios de Hacienda, Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre los riesgos de una eventual reprogramación unilateral. “Entiéndase que no estamos diciendo que no se puedan modificar, sino que existe un riesgo al hacerlo de manera unilateral”, subrayó.
El contralor detalló que, si llegara a materializarse el decreto en los contratos de concesión, no solo se podrían destinar los recursos a otros fines, sino que además la Nación y la ANI estarían obligadas a pagar intereses —remuneratorios y de mora—, lo que a su vez abriría la puerta a eventuales incumplimientos contractuales. Ello, advirtió, derivaría en demandas contra el Estado por parte de los concesionarios, afectando directamente los intereses públicos.
Desde el Gobierno, la respuesta vino del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien defendió la iniciativa y negó cualquier intención de poner en riesgo la responsabilidad fiscal. “Nadie está planteando desestructurar las vigencias futuras, ni acabar con el compromiso fiscal del Estado. Nada de eso se ha dicho”, sostuvo. Sin embargo, insistió en que resulta ‘inaceptable’ tener $13 billones en fiducias, mientras el país requiere recursos urgentes para programas sociales.
Ávila puso como ejemplo puntual: el proyecto Mulaló–Loboguerrero. “Lleva cerca de nueve años con vigencias futuras girándose cada año y no tiene el primer metro de ejecución, porque ni siquiera cuenta con licencia. Hemos guardado $2,2 billones en una fiducia a los señores de Corficolombiana por una obra que no ha empezado”, afirmó.
Así las cosas, mientras la Contraloría advierte sobre el riesgo de demandas millonarias contra el Estado, Hacienda insiste en que no puede mantenerse un esquema que congela millones en obras paralizadas.
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