La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $187.227 millones a Electricaribe por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social (FOES) que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
En forma solidaria con Electricaribe, se le imputó también responsabilidad fiscal, en cuantía de $46.245 millones, a Yamile Sarmiento Estrada, en su calidad de revisora fiscal de la empresa, quien avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos.
Los $187.227 millones que recibió Electricaribe del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales.
Los recursos del FOES son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe.
Para llegar a esta decisión, proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se revisó la facturación mensual de las zonas especiales de la Región Caribe, que corresponde en promedio a un millón 800 mil facturas por mes, de las cuales fueron glosadas aproximadamente 700 mil.
Esta labor de la Contraloría se adelantó con el apoyo de un ingeniero de sistemas y dos contadores, bajo el esquema de minería de datos.
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